La jueza cita al chófer de Salomé Pradas en la causa por la dana de 2024

La magistrada que instruye la investigación sobre la gestión de la emergencia por la dana que en octubre de 2024 dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia ha acordado la comparecencia como testigo del conductor asignado a la exconsellera Salomé Pradas. La citación, prevista para el 29 de abril, surge tras solicitudes de las acusaciones de Mai Més València y el PSOE, que buscan esclarecer las comunicaciones y movimientos de la exresponsable política durante la emergencia.

Este movimiento se enmarca en un contexto político marcado por las tensiones entre partidos y la necesidad de clarificar la gestión pública ante una catástrofe que evidenció deficiencias en la coordinación y en la respuesta institucional. La investigación ha puesto en cuestión la transparencia en las comunicaciones entre los diferentes niveles administrativos, así como la responsabilidad de los responsables políticos en la crisis.

En concreto, las acusaciones consideran que las declaraciones de las personas que acompañaron a Pradas en sus desplazamientos durante la dana han sido evasivas y con lagunas respecto a las conversaciones mantenidas, dificultando establecer una línea clara de responsabilidades. La jueza ha solicitado a la Conselleria de Emergencias que identifique al conductor para profundizar en la investigación.

Por otra parte, se ha solicitado también la colaboración del Ayuntamiento de Sot de Chera para obtener grabaciones de comunicaciones relacionadas con la emergencia, en un intento por esclarecer decisiones y actuaciones durante los días críticos. La jueza ha dado un plazo de cinco días a la alcaldesa para que aporte voluntariamente estos datos, en un contexto de creciente interés por la transparencia y la rendición de cuentas.

En un escenario más amplio, esta causa refleja las tensiones existentes en la gestión de emergencias en la Comunidad Valenciana y la presión política para esclarecer responsabilidades. La investigación se enmarca en una serie de procesos judiciales que buscan evaluar la eficacia y la responsabilidad de los gestores públicos en momentos de crisis, en un contexto en el que las instituciones enfrentan un escrutinio cada vez mayor.

Este caso evidencia además la importancia de la coordinación entre diferentes administraciones y la necesidad de mecanismos efectivos de supervisión en la gestión de emergencias, especialmente en situaciones de alta complejidad y gravedad, para prevenir futuras tragedias y mejorar la respuesta institucional ante catástrofes.