La jueza rechaza la personación de Carlos Mazón en la causa por la dana de 2024 en Valencia

La jueza a cargo de la investigación de la devastadora dana que afectó a la provincia de Valencia en octubre de 2024, con un saldo de 230 víctimas mortales, ha denegado la solicitud del expresidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, para integrarse en la causa como parte personada.

El rechazo se basa en que en el ordenamiento jurídico español no existe la figura del 'testigo asistido', figura que sí se contempla en otros sistemas jurídicos, como el francés. La magistrada ha aclarado que Mazón fue citado como testigo y no como investigado, y que no existen indicios que justifiquen su imputación en la causa.

La petición de Mazón se produjo tras una citación como testigo y la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de no imputarle, al no detectar elementos delictivos en su gestión durante la temporalidad en cuestión. La defensa del expresidente pretendía, además, analizar diligencias que se estaban practicando en su contra, con el objetivo de defender sus intereses.

La magistrada ha explicado que la legislación procesal penal española no contempla la personación en la misma condición para quienes son llamados a declarar como testigos. La figura del 'testigo asistido', que permite a ciertos países proteger derechos del testigo sin imputarlo, no existe en nuestro sistema, y la solicitud de Mazón no se ajusta a la normativa vigente.

Por otra parte, la jueza ha recordado que, en el marco del procedimiento, Mazón no es considerado responsable ni tiene indicios de participación en los hechos investigados. La investigación sigue centrada en la gestión de las administraciones públicas en relación con la dana, en un contexto de valoración de la protección civil y la gestión del riesgo en la Comunitat Valenciana.

Este episodio refleja el contexto político más amplio en el que se enmarca la investigación, caracterizado por la responsabilidad de los cargos públicos en la gestión de emergencias y las tensiones institucionales en la Comunitat Valenciana tras la devastación del 2024. La causa se inscribe en un proceso de escrutinio público y judicial sobre las decisiones tomadas en un momento crítico, en un escenario de creciente demanda de transparencia y rendición de cuentas en la gestión de crisis.