La técnico de incendios confirma que el río Magro desbordó en El Pontón al mediodía del 29 de octubre
Una técnica de coordinación en prevención de incendios forestales ha declarado ante la jueza que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que el río Magro, en la zona de El Pontón, ya había desbordado hacia las 14 o 15 horas, afectando a la circulación y a las tareas de emergencia. La riada, que dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, ha puesto en el centro del debate la actuación de los responsables políticos y técnicos durante la gestión del desastre.
Este testimonio se produce en un contexto político marcado por las investigaciones abiertas contra la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su exnúmero dos, Emilio Argüeso, por su posible implicación en una gestión ineficaz de la emergencia. La consideración de que el río Magro ya había desbordado en horas previas alimenta las dudas sobre la anticipación y la planificación de las medidas preventivas, en un contexto donde las prioridades presupuestarias y la coordinación interdepartamental están en revisión.
El análisis de las declaraciones revela que, aunque la técnica no recuerda detalles específicos sobre el barranco del Poyo, sí afirmó que la situación en El Pontón ya era crítica a mediodía, y que la movilización de recursos como la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la gestión en municipios como Utiel y Chiva respondían a la gravedad de los hechos. Sin embargo, no se detectó una movilización efectiva de agentes medioambientales para la vigilancia de los barrancos, lo que genera interrogantes sobre la coordinación en los niveles interinstitucionales.
En paralelo, la gestión política de la emergencia ha sido objeto de críticas por parte de diferentes partidos, que cuestionan la eficacia de las medidas preventivas y la respuesta ante la catástrofe. La controversia refleja la tensión entre las responsabilidades políticas y técnicas en un momento en que las instituciones están sometidas a un escrutinio público y judicial, y donde la transparencia en la gestión de recursos y decisiones resulta esencial para recuperar la confianza de la ciudadanía.
Este incidente se inscribe en un contexto más amplio de debates sobre la gestión del riesgo de inundaciones en la Comunidad Valenciana, una región con antecedentes de eventos meteorológicos extremos. La necesidad de fortalecer la coordinación interdepartamental, mejorar la planificación de emergencias y actualizar las infraestructuras para afrontar fenómenos de esta magnitud son cuestiones que adquieren mayor relevancia en el marco de los desafíos del cambio climático.
En definitiva, la declaración de la técnico confirma que el río Magro ya había desbordado horas antes de la llegada de la peor parte de la dana, poniendo en evidencia posibles fallos en la prevención y gestión de la emergencia. La trascendencia política de estos hechos radica en la obligación de las instituciones de aprender de la tragedia y reforzar los mecanismos de respuesta para reducir el riesgo en futuros eventos.