Las trabajadoras del SAD en Valencia denuncian condiciones precarias y violencia laboral
Las trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) en la Comunitat Valenciana han realizado una manifestación en Valencia, denunciando la grave precariedad laboral que enfrentan. La protesta, que reunió a varias empleadas y representantes sindicales, se produjo en un contexto de creciente preocupación por las condiciones del sector, que afecta a las personas más vulnerables.
El sector del SAD ha sido objeto de críticas por su bajo nivel de protección social y las malas condiciones laborales. La organización sindical CGT y las propias trabajadoras alertan sobre contratos precarios, salarios por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y la falta de evaluación de riesgos laborales. Además, denuncian la violencia patronal y las agresiones que sufren en su día a día.
Estas problemáticas tienen implicaciones directas en la calidad del cuidado que reciben los usuarios, en especial en residencias y domicilios, donde las condiciones insalubres y la falta de personal contribuyen a un deterioro en la atención y el bienestar de las personas mayores. La precariedad laboral también afecta la salud y seguridad de las propias trabajadoras, muchas de las cuales soportan cargas físicas y emocionales extremas.
Desde el ámbito político, la situación refleja las deficiencias en la gestión de la Ley de Dependencia por parte de las administraciones autonómicas, que han sido criticadas por su insuficiente financiación y gestión. La diputada Nathalie Torres, de Compromís, ha expresado su apoyo y ha destacado la necesidad de mejorar las condiciones laborales mediante una financiación adecuada y una homologación salarial en el sector.
El conflicto en el sector del SAD en Valencia es un ejemplo de las tensiones existentes en un sistema que requiere reformas estructurales. La movilización de las trabajadoras busca no solo mejorar sus condiciones, sino también poner en evidencia la necesidad de una gestión pública y eficaz que garantice un cuidado digno y de calidad para la población más vulnerable. La perspectiva futura apunta a nuevas movilizaciones y a un mayor debate político sobre el modelo de atención y protección social en la comunidad.