Les Corts estudiarán sanciones y posible denuncia penal contra docentes protestantes

Las Corts Valencianes analizan un informe interno que contempla sanciones y la posible derivación a Fiscalía de tres docentes que protestaron en el pleno del 21 de mayo. Estas profesoras, invitadas por Compromís, interrumpieron con gritos y objetos la sesión parlamentaria en un contexto de huelga educativa en la comunidad Valenciana.

El incidente se produjo durante un debate marcado por la movilización del sector docente, en el momento en que la Cámara acogía a invitadas relacionadas con el movimiento de protesta. La Mesa de las Corts, tras recibir el informe jurídico, considera la posibilidad de actuar judicialmente por estos hechos, en línea con antecedentes históricos en las instituciones autonómicas y estatales.

El análisis jurídico establece que, aunque los hechos no alcanzan la misma gravedad que otras protestas del pasado, podrían considerarse delitos contra las instituciones o desórdenes públicos. La decisión final dependerá de la valoración de la Mesa, que también contempla medidas disciplinarias como la retirada de invitaciones a grupos parlamentarios que perturben el orden.

Desde el ámbito político, la reacción ha sido variada. La coalición Compromís tilda la posible denuncia de “insólita” y advierte sobre riesgos para la libertad de expresión. Por su parte, partidos como PSPV, PP y Vox analizan las medidas a adoptar, en un marco de tensión creciente por la gestión de la huelga y las protestas en la comunidad.

La situación refleja la tensión política en torno a la gestión de la educación pública y a la respuesta institucional ante las protestas. La posible derivación a Fiscalía marca un punto de inflexión en la relación entre las instituciones y los movimientos sociales, en un contexto de desacuerdo político y social en la comunidad Valenciana.

En el futuro, se espera que las decisiones de Les Corts puedan sentar un precedente sobre la tolerancia y los límites en las protestas en espacios parlamentarios. La resolución de este caso puede influir en la respuesta de las instituciones ante futuras movilizaciones sociales y en la forma en que se equilibran la libertad de expresión y la protección del orden institucional.