Más de 200 entidades exigen retirar el aforamiento de Mazón 22 meses después de la Dana

Una concentración en València, con la participación de más de 200 organizaciones, ha reclamado la eliminación del aforamiento a Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat en el día de la Dana. La movilización acontece 22 meses tras la tragedia que dejó 231 víctimas mortales en la provincia de Valencia, en un contexto de creciente descontento social y político.

El acto ha sido impulsado por asociaciones de víctimas, sindicatos y colectivos cívicos, que consideran que el derecho de las víctimas a la justicia debe prevalecer sobre la protección procesal que supone el aforamiento autonómico. La demanda refleja un malestar profundo respecto a la gestión de la emergencia y la falta de responsabilidades asumidas por las instituciones autonómicas y locales.

Desde el ámbito político, la insistencia en mantener el aforamiento de Mazón evidencia las tensiones internas en el Partido Popular y su alianza con Vox, que defienden esta figura como un blindaje para cargos políticos en la comunidad. La continuidad del privilegio ha generado rechazo en amplios sectores, que exigen igualdad ante la ley y una respuesta clara a las víctimas.

En el plano judicial, la presencia de Mazón en la política activa y su protección bajo el aforamiento dificultan que pueda comparecer como testigo o imputado en procesos relacionados con la Dana. Esto alimenta la percepción de impunidad y agrava el malestar social, que demanda una revisión de los privilegios institucionales en casos de graves emergencias.

La perspectiva futura se centra en la presión social y política para eliminar el aforamiento, así como en la necesidad de fortalecer las políticas de prevención y protección ante catástrofes. La movilización evidencia una demanda por transparencia y justicia que puede influir en la agenda política en los próximos meses, en un contexto de creciente desconfianza hacia las instituciones.

El contexto general apunta a una crisis de confianza en la gestión pública durante emergencias, que puede impulsar cambios en la legislación y en la forma en que las instituciones afrontan las responsabilidades en casos de desastre, con especial atención a la protección de los derechos de las víctimas.