València destina un millón para reforzar la atención a migrantes y exige al Gobierno su financiación

El Ayuntamiento de València anunció que destinará más de un millón de euros en reforzar el personal encargado de gestionar la regularización migratoria. La inversión se destinará a contratar auxiliares administrativos y trabajadores sociales, una medida que se implementará desde este viernes con diez profesionales y 29 administrativos en bolsa.

Este refuerzo responde a la situación de colapso en los servicios municipales, atribuida por el consistorio a la falta de planificación y comunicación previa por parte del Gobierno central. La alcaldesa, Mª José Catalá, criticó la gestión del Ejecutivo, señalando que el proceso genera inseguridad tanto para los migrantes como para los empleados públicos.

El coste estimado anual de estas contrataciones es de un millón de euros, cantidad que el Ayuntamiento reclamará al Gobierno a través de diferentes vías. La alcaldesa afirmó que el consistorio considerará todas las opciones para obtener estos recursos, insistiendo en la necesidad de una financiación adecuada y en cumplimiento de los principios de lealtad financiera entre administraciones.

El proceso de regularización ha generado incertidumbre y descoordinación, según las declaraciones de Catalá, quien puntualizó que el Gobierno no consultó previamente a los ayuntamientos. Además, criticó la escasa planificación y las instrucciones recibidas en el último momento, lo que ha provocado colas y retrasos en los trámites en València.

Desde una perspectiva política, estas acciones reflejan las tensiones entre el Gobierno central y los ayuntamientos, en un contexto donde las competencias en gestión migratoria son un tema conflictivo. La alcaldesa también cuestionó la falta de un marco claro para atender casos de vulnerabilidad y la confusión en los requisitos para acreditar la situación irregular.

De cara al futuro, València busca mantener el compromiso con una atención digna y eficiente, mientras espera una respuesta clara del Gobierno sobre la financiación. La situación evidencia la necesidad de una coordinación más efectiva entre administraciones para gestionar procesos migratorios complejos y garantizar derechos y servicios adecuados.