El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha decidido solicitar al Tribunal Supremo (TS) la asignación de un abogado de oficio, tras su renuncia al letrado que lo defendía en el 'caso Koldo'. Esta solicitud se produce en un contexto de creciente tensión, ya que mañana, 15 de octubre de 2025, el exministro debe comparecer como imputado ante el alto tribunal.

Ábalos comunicó su decisión a través de un mensaje en la plataforma 'X', señalando su intención de cumplir con su cita judicial. Mencionó que, debido a su reciente separación del abogado José Aníbal Álvarez por “diferencias irreconciliables”, se ve en la necesidad de contar con un nuevo defensor para su declaración programada.

En un breve documento enviado al Tribunal, al que Europa Press ha tenido acceso, Ábalos pide que el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid designe un nuevo abogado que le represente en este procedimiento y lo asista durante su declaración.

Esta decisión de renunciar a su abogado se produjo el lunes, apenas dos días antes de su audiencia, lo que ha generado más controversia en el caso. Según el exministro, las discrepancias con su antiguo asesor legal no son meramente circunstanciales, sino que han evolucionado a un punto donde son “irrenunciables”, afectando seriamente la confianza que debería existir entre cliente y abogado.

Ábalos también mencionó que ha tenido que preparar su defensa de manera independiente debido a estos desacuerdos. Este conflicto se da en un momento crucial, ya que su declaración ante el Tribunal está relacionada con un informe que sugiere irregularidades financieras, particularmente el manejo de una reserva de dinero en efectivo de origen desconocido, supuestamente administrada por su exasesor Koldo García.

El juez encargado del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, ha convocado a ambos, a Ábalos y García, para esclarecer los presuntos "ingresos irregulares" que se han señalado en las investigaciones. Esta, sin duda, es una cita que podría complicar aún más la situación del exministro, quien ya ha sido convocado en varias ocasiones por el Supremo.

Durante su última comparecencia en junio, Koldo García optó por el silencio, mientras que Ábalos se defendió asegurando que no había cometido ningún delito. Sin embargo, el cambio en su estrategia legal, al renunciar a su abogado, podría interpretarse como una preparación para ejercer su derecho a no declarar nuevamente.

Estos interrogatorios se llevan a cabo en un ambiente de incertidumbre, ya que el reciente informe de la UCO podría llevar a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar una revisión de las medidas cautelares que actualmente afectan a ambos imputados, incluyendo la posible detención.

El Supremo investiga, por un lado, las posibles irregularidades en los contratos para la compra de material sanitario durante la pandemia, y por otro, las alegaciones sobre el cobro de comisiones a cambio de obras públicas. Estos son temas que han incrementado la presión sobre Ábalos y su círculo más cercano, complicando aún más su situación legal.