El empresario Víctor de Aldama ha declarado al Tribunal Supremo que se encargó de modificar el contrato original sobre la adquisición de un bajo comercial en Valencia para ocultar ciertos pagos en efectivo realizados por el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su entonces esposa, Carolina Perles.

Según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha sido citado por De Aldama en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, en la cuenta bancaria del matrimonio se registró un ingreso de 50.000 euros bajo la etiqueta de préstamo, además de dos cheques por un total de 77.215 euros destinados a la empresa Metalúrgica de Cerrajera del Mediterráneo.

Estos movimientos financieros están relacionados con la compra del local, cuyo precio oficial fue de 90.000 euros el 8 de julio de 2020. Sin embargo, se halló un contrato en un ordenador incautado a De Aldama que databa del 23 de marzo de 2020 y estipulaba un precio de 110.000 euros, lo que llevó a la Guardia Civil a investigar la discrepancia.

La UCO sugirió que los cheques correspondían a una parte del pago, pero sobre los 20.000 euros restantes no se encontraron registros en las cuentas de Ábalos que explicaran su procedencia, dejando la puerta abierta a especulaciones sobre su posible existencia y condiciones de pago.

En su más reciente escrito, De Aldama aseguró que el desfase en el precio se debió a que el contrato original fue modificado el 4 de abril de 2020. Según su versión, el monto fue ajustado de 110.000 a 90.000 euros para que coincidiera con lo que se registró en la escritura pública de julio y evitar que se documentaran los pagos en efectivo que superaban el precio declarado.

El empresario también presentó al Supremo el contrato modificado y un correo electrónico de una empleada en el que se mencionaba la alteración del documento: “Jefe. Ahí está el contrato. He cambiado otra cosa respecto al original. Si quieres te cuento cuando lo leas”, decía el mensaje.

La defensa de De Aldama sostiene que estos documentos demuestran su implicación en la redacción de diferentes versiones del contrato, a pesar de que no participó formalmente en la transacción inmobiliaria. Aseguran que la modificación del contrato fue estrictamente para alinear el texto con el monto que se inscribiría en la escritura pública y evitar que se registraran los pagos en efectivo al vendedor, lo que haría evidente que el valor real de la operación era significativamente mayor.