Una ONG ha presentado una lista de 14 recomendaciones dirigidas a las autoridades y la Fiscalía con el objetivo de asegurar que "nunca más una gestión negligente comprometa el derecho a la vida y la integridad de las personas".

VALÈNCIA, 10 de abril.

Amnistía Internacional ha criticado duramente a la Generalitat Valenciana, señalando que fue responsable de la gestión de la emergencia y que, al no brindar información adecuada y oportuna, violó el derecho a la vida y la integridad física de miles de ciudadanos durante la catástrofe provocada por la dana el 29 de octubre pasado en la provincia de Valencia.

Este hallazgo forma parte del informe titulado 'Tengo pesadillas en las que suena esa alarma', que se publica en el marco del sexto mes desde que el fenómeno meteorológico devastó la región y ocasionó más de 220 muertes. Según la ONG, muchos de los afectados recibieron la alerta cuando ya se encontraban en situaciones extremadamente peligrosas, quedando así desprotegidos y sufriendo las consecuencias de una tragedia que podría haberse mitigado.

La organización argumenta que esta desidia en la gestión representa una violación del derecho a la información, como establece la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Dicho tribunal sostiene que es deber del Estado proteger vidas humanas, lo que incluye informar adecuadamente a la población sobre emergencias que pongan en peligro su vida.

Amnistía Internacional apela específicamente a los artículos 2 y 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, junto con los artículos 6 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como los artículos 3 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todos los cuales respaldan el derecho a la vida, la seguridad y el acceso a la información.

Además, la ONG sostiene que la actuación de la Generalitat también contravino las normativas de protección civil, tanto a nivel estatal como autonómico, que garantizan el derecho de los ciudadanos a ser informados y protegidos en situaciones de catástrofes. Los ciudadanos afectados han señalado en reiteradas ocasiones la sensación de desprotección y abandono que vivieron antes, durante y después de la dana.

Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional y autor del informe, enfatiza que el Estado español no cumplió con sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos, lo que exige una rendición de cuentas a través de investigaciones rigurosas que aseguren verdad, justicia y reparaciones a las víctimas. Además, subraya la necesidad de aprender lecciones para realizar una revisión integral del sistema de protección civil.

El informe presenta testimonios impactantes, como el de José Manuel, un vecino de Alfafar que, en un momento de desesperación, se subió a un semáforo y perdió a su hermano mientras intentaba ayudar a una mujer. "Recibí la alerta cuando ya llevaba tiempo en el semáforo. Pensé que había llegado mi hora", compartió.

La ONG, así como la jueza que investiga la gestión de la emergencia en Catarroja, coinciden en que la Generalitat tenía la responsabilidad clara de alertar a la población y tomar medidas para garantizar su protección. También critican al gobierno central por no ejercer su autoridad en la gestión de la emergencia, a pesar de contar con la legislación que le permite intervenir en situaciones que afectan a más de una comunidad autónoma.

El informe señala que, en este caso, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, no asumió de manera directa la dirección de la emergencia, a pesar de la seriedad de la crisis. Esto contraviene el principio de responsabilidad unitaria del Estado en situaciones de emergencia, lo que significa que no puede excusarse en el diseño estructural de su administración.

Por otro lado, el informe revela que los Ayuntamientos deben reforzar sus servicios de protección civil, con personal especializado. Tras reunirse con representantes de las localidades más afectadas, ha quedado claro que muchos de ellos carecían de información adecuada sobre el desastre. La llegada tardía del mensaje de alerta y la escasa comunicación con los municipios contribuyeron a una percepción de abandono.

Municipios como Alfafar han expresado su frustración al sentirse aislados y consideran que hubo una "omisión del deber de socorro". Benetússer, por su parte, ha denunciado el "caos" y la falta de apoyo coordinado de las administraciones, mientras que otras localidades han criticado la burocracia a la hora de solicitar ayuda.

La fase inicial de recuperación tras la dana no se llevó a cabo con un enfoque respetuoso de los derechos humanos, lo que tuvo un efecto devastador en los grupos más vulnerables. Canales subraya que casi la mitad de las víctimas mortales eran personas mayores y muchas vivían solas.

Por último, el informe también pone de manifiesto las consecuencias de la desinformación durante la catástrofe y propone que las autoridades establezcan un sistema fiable de información para evitar la propagación de rumores. Amnistía Internacional concluye con una serie de recomendaciones orientadas a garantizar que, en el futuro, la gestión de emergencias no vulnere los derechos de los ciudadanos.