La Agencia Antifraude de Valencia ha pedido al Tribunal Supremo que establezca doctrina en relación a la protección de los funcionarios que denuncian irregularidades en la construcción de una discoteca en Los Montesinos (Alicante) y que supuestamente estaban sufriendo represalias laborales. En respuesta a las denuncias presentadas en 2012 por el entonces jefe de Urbanismo del Ayuntamiento, la Agencia Antifraude le concedió protección en 2018 y 2019, pero posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Valencia retiró dicha protección. Ahora, la Agencia Antifraude ha llevado el caso al Tribunal Supremo para que anule la decisión del TSJ y establezca como doctrina que las directivas europeas se aplican desde su entrada en vigor sin necesidad de esperar a que el plazo de adaptación al derecho nacional haya expirado.

La defensa de la Agencia Antifraude argumenta que la protección otorgada al funcionario denunciante no representa una carga para nadie y que, por lo tanto, la aplicación de las directivas comunitarias no debería generar efectos adversos en los particulares. También solicita que se establezca que la protección se aplique independientemente de si la denuncia se ha presentado ante un órgano judicial o administrativo.

Por otro lado, los abogados del Ayuntamiento de Los Montesinos y del alcalde José Manuel Butrón argumentan que no se puede aplicar la directiva 'whistleblower' en este caso debido a que tanto la denuncia como las resoluciones que concedieron la protección al funcionario son anteriores a la entrada en vigor de la directiva. Además, señalan que la normativa valenciana establece que la Agencia Antifraude no puede investigar casos sobre los que ya esté indagando la Justicia.

En resumen, el Tribunal Supremo deberá decidir si establece como doctrina que las directivas europeas se aplican desde su entrada en vigor y si la protección a los denunciantes de corrupción debe extenderse tanto a los casos presentados ante órganos judiciales como administrativos.