BRUSELAS, 15 de noviembre.

La Comisión Europea ha establecido que, en el año 2023, España realizó la revisión del plan hidrológico correspondiente a la cuenca del río Júcar, así como su plan de gestión de riesgos de inundaciones. Este pronunciamiento se produce en el contexto de las recientes críticas del Partido Popular hacia la gestión de los episodios de DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) por parte del Gobierno español.

Las aclaraciones provienen de fuentes del Ejecutivo comunitario, en respuesta a una pregunta formulada por la eurodiputada 'popular', Dolors Montserrat. En su intervención, Montserrat acusó a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, quien busca una posición como comisaria europea, de no haber cumplido con la notificación completa a Bruselas de su tercer plan hidrológico de cuencas ni de su segundo plan de gestión de riesgos de inundación.

Es importante mencionar que Bruselas tomó la decisión en febrero de este año de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) por no haber completado la revisión de algunos de sus planes, un requisito que debe realizarse cada seis años. Esta acción, sin embargo, involucra a varios países, incluidos Bulgaria, Irlanda, Malta, Portugal y Eslovaquia.

No obstante, la Comisión ha aclarado que este asunto no afecta a la totalidad de España, ya que se refiere específicamente al plan de inundaciones de las Islas Canarias. De acuerdo con estas aclaraciones, la situación vinculada a los planes para el río Júcar no está contemplada en este expediente, dado que se aprobó en el año 2023. 'El plan del Júcar es independiente, ya que ha sido adoptado y es de conocimiento público', han subrayado desde Bruselas.

En más detalle, el 22 de enero de 2023 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto 26/2023, que estableció la aprobación del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Júcar. Esta publicación marca un hito en la regulación y la gestión del agua en la región, destacando el compromiso del Gobierno con la actualización y la adecuación de los planes hidrológicos.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Transición Ecológica han enfatizado que el incumplimiento señalado no recae sobre el Gobierno central en las cuencas que gestiona, sino que corresponde a las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña y Canarias. Además, han recordado que la Unión Europea no impone sanciones ni abre expedientes a las comunidades autónomas, sino que estas responsabilidades recaen sobre los Estados miembros.

Finalmente, estas fuentes del Ministerio han declarado que 'intentar responsabilizar al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico por este expediente y por una posible sanción es una forma de engañar a la opinión pública, dado que la gestión de estas cuencas es completamente ajena a las razones que han dado origen a dicho expediente'. Esta declaración pone de relieve la complejidad de la gestión ambiental y la necesidad de una clara coordinación entre diferentes niveles de administración.