Compromís denuncia la renovación de conciertos ilegales en colegios del Opus Dei en Valencia

El Gobierno valenciano ha renovado hasta 2031 los conciertos educativos de siete centros vinculados al Opus Dei, destinados a financiar la educación. Aunque oficialmente no segregan por sexo, en la práctica mantienen aulas separadas para niños y niñas en un 91% del alumnado, según datos de la coalición Compromís. La cantidad destinada a estos centros asciende a 72,6 millones de euros en seis años.

Esta situación se produce en un contexto político marcado por la gestión del Consell, y en medio de debates sobre la legalidad de los conciertos con centros que segregan por sexo. La denuncia pública de Compromís apunta a una posible vulneración de la ley educativa estatal, que prohíbe la segregación por motivos de género. La coalición ha anunciado que llevará esta problemática a los tribunales si no se revocan los conciertos.

El trasfondo político revela tensiones entre el ejecutivo valenciano y las fuerzas que defienden la educación pública y la laicidad. La actual consellera de Educación, Carmen Ortí, defendió la legalidad del proceso de admisión y negó que exista segregación en los centros concertados, aunque los datos evidencian lo contrario. La denuncia también apunta a la responsabilidad de los expresidentes y actuales dirigentes del PP en la continuidad de estos conciertos.

Desde la perspectiva política, la controversia refleja una lucha por definir los límites de la financiación pública a centros con prácticas segregacionistas. La coalición Compromís insiste en que se deben aplicar sanciones y restituir la legalidad, mientras que el gobierno autonómico mantiene su postura de garantizar igualdad de oportunidades mediante el proceso de admisión telemático.

Este conflicto evidencia una tensión mayor en la política educativa en la Comunitat Valenciana, donde se enfrentan intereses diversos entre la tradición religiosa y la laicidad del sistema público. La resolución de este caso puede marcar precedentes sobre la financiación y regulación de centros educativos concertados en la comunidad.

En el futuro, el desarrollo de esta denuncia y las posibles acciones judiciales podrían influir en la política educativa valenciana y en la revisión de los conciertos con centros que practican segregación por sexo. La atención estará centrada en cómo el Ejecutivo responde a estas acusaciones y si se adoptan medidas para garantizar una educación realmente inclusiva y legal.