El partido Compromís ha solicitado la comparecencia del empresario valenciano José Ruz en el Congreso, debido a sus vínculos con la constructora LIC y su supuesta conexión con conductas irregulares en la adjudicación de contratos relacionados con la estación del AVE en Elche, Alicante. El diputado Alberto Ibáñez ha recordado que Ruz contaba con el exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, en su plantilla a la hora de realizar la oferta para construir esta estación.

Este requerimiento surge a raíz de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que menciona posibles irregularidades involucrando a figuras del PSOE, incluida Santos Cerdán. Aunque las comparecencias en el Congreso no son obligatorias para particulares, la presión política aumenta sobre el sector de la construcción, especialmente cuando se investiga el uso de fondos públicos en estas grandes infraestructuras.

Compromís ha oficializado su petición para obtener copias de todos los contratos vinculados a la estación de Elche, enfatizando en la necesidad de auditar los últimos 35 años de obras de Alta Velocidad en España y determinar si las grandes constructoras han operado como un cartel en la obtención de recursos públicos.

Ibañez subraya que, si los hallazgos del informe de la UCO son ciertos, la intervención de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) podría ser pertinente, dado que algunas de estas empresas están cotizadas en bolsa. La UCO señala a Ruz como un nexo entre varios investigados, incluyendo al exministro José Luis Ábalos, evidenciando una red de relaciones que podría haber favorecido la adjudicación de contratos en condiciones irregulares.

Según los datos revelados, Ruz y García establecieron una comunicación cada vez más cautelosa desde 2020, utilizando líneas telefónicas desechables para evitar ser detectados. En estos intercambios, el empresario pidió favores relacionados con contratos, lo que abre un interrogante sobre la ética y transparencia en la concesión de obras públicas.

El informe también indica que Ruz hizo directo contacto con Ábalos, solicitando su intervención para acelerar diversas peticiones de proyectos. Esta relación plantea serias dudas sobre la imparcialidad en el proceso de adjudicación, en el que se ha señalado que algunos contratos de la empresa LIC presentan indicios de irregularidades notables.

Más Madrid, por su parte, ha pedido la comparecencia de José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, debido a la investigación que vincula a su empresa con la trama de corrupción asociada a la adjudicación de contratos públicos, que sobrepasan los 720 millones de euros, con un 75% de estos contratos supuestamente otorgados a Acciona. Su comparecencia buscaría esclarecer si hubo pago de comisiones ilegales y la implicación de miembros del PSOE en estas prácticas.

Las grabaciones de Koldo García sostienen afirmaciones inquietantes sobre la manipulación de nombramientos para colocar a personas vinculadas a Acciona en el Ministerio, lo que ha llevado a Más Madrid a presionar por una mayor transparencia y responsabilidad tanto en la política como en el sector empresarial.

Frente a estas graves acusaciones, Acciona ha manifestado su sorpresa y desconocimiento respecto a las alegaciones de irregularidades, señalando que han iniciado una investigación interna y se han puesto a disposición de las autoridades competentes para esclarecer los hechos mencionados en el contexto del caso Koldo.

Por último, se han detectado contratos cuestionados que involucran a varias constructoras en proyectos distribuidos por diversas regiones de España, lo que resalta la magnitud de la situación y la urgente necesidad de una revisión exhaustiva en los procesos de adjudicación y contratación pública.