La reciente solicitud de la Dirección General de Fondos Europeos de la Conselleria de Hacienda de la Comunidad Valenciana al Gobierno central ha suscitado una serie de interrogantes sobre la transparencia y la gestión de los fondos europeos. La Generalitat ha solicitado un desglose detallado de los 4.404 millones de euros en gastos elegibles que fueron enviados a la Comisión Europea para la activación del Fondo de Solidaridad.

La Conselleria que lidera Ruth Merino ha manifestado su preocupación ante la falta de información sobre la purificación de los datos que el Ministerio de Hacienda ha realizado en relación a la cuantificación presentada por la Comunidad Valenciana el pasado 5 de diciembre. Además, existe incertidumbre sobre cómo el Gobierno central distribuirá finalmente la asignación que la Comisión Europea asigné al Estado entre las distintas administraciones, algo que claramente incluye a la Administración General del Estado y a las entidades locales que también se beneficiarán de estos fondos.

Ante esta situación, la administración valenciana expresa su esperanza de que el Estado facilite cubrir la mayor parte de los gastos elegibles que ha presentado la Generalitat. Esta expectativa es crucial, dado que la recuperación económica de la región podría depender en gran medida de la correcta gestión de estos fondos europeos.

Desde la Conselleria, han subrayado la importancia de que el Gobierno tenga presente la realidad de la Comunitat Valenciana a la hora de manejar la asignación de los fondos que llegarán desde Europa. Esta declaración refleja una expectativa razonable de que la administración central actúe con justicia hacia todos los territorios, especialmente aquellos que han enfrentado mayores desafíos.

Finalmente, cabe destacar que, a pesar de los esfuerzos de la Dirección General de Fondos Europeos por comunicarse con el Ministerio respecto al momento en que se formalizaría la solicitud de estos fondos, la comunicación no se produjo como esperaban. La única información que recibieron fue a través de un comunicado público emitido por el Ministerio de Hacienda este lunes, lo que pone de manifiesto una falta de coordinación que podría ser preocupante para el futuro de la gestión de estos recursos críticos.