En una operación masiva y coordinada entre la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Vigilancia Aduanera, se han llevado a cabo importantes avances en la lucha contra la trata de personas. En total, se han realizado 39 registros en diferentes provincias de España, resultando en la detención de 37 individuos, en su mayoría localizados en la Comunitat Valenciana.

El resultado más significativo de esta operación ha sido la liberación de 162 mujeres que habían sido víctimas de una red dedicada a la explotación sexual. Los arrestos reflejan un enfoque contundente para desmantelar organizaciones que atentan contra la dignidad humana en diversas regiones, incluyendo Valencia, Alicante, Castellón, Málaga y Murcia.

De los detenidos, nueve se encuentran en prisión provisional, lo que resalta la gravedad de los cargos en su contra. Los registros realizados abarcaron los hogares de los cabecillas de esta organización delictiva, así como lugares donde se explotaba sexualmente a las víctimas. En el proceso se incautaron 141.000 euros en efectivo y tres vehículos, al tiempo que se congelaron activos y cuentas bancarias de los sospechosos.

La investigación ha revelado que esta red se enfocaba en reclutar a mujeres sudamericanas que se encontraban en situaciones precarias, muchas veces sin papeles ni oportunidades laborales. Las obligaban a ejercer la prostitución en distintas localidades de España, perpetuando un ciclo de abuso y explotación.

La investigación se inició a partir de las denuncias de tres víctimas, que señalaron haber sido sometidas a explotación sexual en varias provincias. Los agentes de seguridad pública pudieron identificar el entramado criminal que operaba principalmente en la Comunidad Valenciana, pero que estaba comenzando a expandirse a otras regiones como Murcia, Málaga, Barcelona y Tarragona.

La organización utilizaba métodos sofisticados para dar la apariencia de legalidad a sus actividades. Alquilaban o compraban propiedades comerciales y residenciales, las cuales eran disfrazadas de centros de masajes, aunque en realidad operaban en condiciones deplorables y con escasa ventilación.

Las víctimas de esta red estaban sometidas a un régimen estricto que limitaba su libertad, permitiéndoles salir solo dos horas al día en horarios diurnos, y siempre debían estar disponibles para atender a los clientes. Su alojamiento era precario, con literas apiladas o compartiendo la misma cama con los usuarios de sus servicios.

El control de las operaciones era absoluto, con un sistema de vigilancia que permitía a los captores monitorear en tiempo real a las mujeres y los locales. De cada servicio sexual, el 50% de los ingresos eran para la organización, mientras que la otra mitad iba a las mujeres, pero estas podían ser penalizadas en cualquier momento por los captores.

Simultáneamente, el Área Regional de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Valencia inició una indagación sobre el patrimonio de estos criminales y el posible blanqueo de capitales. En este contexto, se identificaron a los personas que operaban las empresas utilizadas para ocultar las ganancias de la actividad ilegal.

La investigación sobre la parte financiera de esta red sigue en marcha y se estudia cuidadosamente la información bancaria y otros datos recopilados durante los registros. Se han encontrado documentos y computadoras que reflejan la contabilidad de cada uno de los locales involucrados en la explotación.

Por último, es importante señalar la severidad de las medidas adoptadas contra los bienes de los implicados. Se han bloqueado propiedades y más de 60 cuentas bancarias, asegurando así que estos activos puedan eventualmente ser confiscados en el proceso judicial que se avecina.