El 92% de los contratos públicos en 2024 se realizaron sin expediente o como contratos menores
En 2024, el 91,85% de los 77.804 contratos del sector público de la Generalitat se efectuaron sin expediente formal o mediante contratos menores. Esto equivale a 60.328 gastos sin expediente por valor de 157,7 millones y 11.138 contratos menores por 34,2 millones, según el informe de la Intervención del Sector Público Instrumental (SPI).
Este análisis revela que la mayoría de las contrataciones públicas en la comunidad Valenciana carecen de los procedimientos adecuados, lo que genera preocupaciones sobre la transparencia y el cumplimiento normativo. La auditoría abarca 55 entidades, de las cuales solo tres obtuvieron una valoración favorable sin observaciones. La mayoría presenta incumplimientos en la tramitación, sobre todo en hospitales y ferias oficiales.
Estas deficiencias tienen implicaciones directas en la gestión pública, dificultando la supervisión y control del gasto público. La utilización incorrecta de la contratación menor y la ausencia de declaraciones de conflicto de intereses sugieren posibles riesgos de irregularidades. Además, se detectan retrasos en pagos y en la conformidad en varias instituciones, lo que afecta la eficiencia y la confianza en el sector público.
Desde una perspectiva política, los resultados evidencian la necesidad de reforzar la regulación y los controles internos, especialmente tras años de cambios en la gestión. La Generalitat ha iniciado esfuerzos en mejorar la contratación y la gestión de tesorería, pero los informes muestran que todavía hay camino por recorrer. La exigencia de mayor transparencia y auditorías independientes se convierte en una demanda creciente, especialmente en un escenario electoral.
El contexto más amplio señala que estas prácticas irregulares reflejan una tendencia en la administración pública española, donde la fragmentación y la falta de sistemas unificados favorecen posibles desviaciones. La futura adopción de un marco regulatorio común y la digitalización de los procesos serán clave para mejorar la supervisión y evitar irregularidades en el sector público valenciano.