El Ayuntamiento de València debe cumplir ya la sentencia sobre festivales en CACSA, sin margen para negociaciones

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha subrayado que la sentencia judicial que ordena reubicar o revocar permisos para festivales en la Ciutat de les Arts i les Ciències debe cumplirse inmediatamente, sin margen de negociación. La resolución judicial obliga a adoptar medidas concretas para evitar que los eventos vulneren derechos fundamentales, como el descanso vecinal, con un plazo que la administración asegura no puede ser aplazado.

Este pronunciamiento se produce en un contexto en el que el Ayuntamiento ha enfrentado presiones por parte de promotores y entidades culturales que buscan mantener los festivales en esa ubicación, además de una creciente tensión entre las prioridades de protección ciudadana y las políticas de promoción cultural. La sentencia, dictada recientemente, no permite interpretaciones flexibles, y obliga al consistorio a actuar de inmediato.

El trasfondo político de esta situación refleja las disputas internas en el equipo de gobierno, donde sectores más conservadores priorizan la protección del derecho al descanso y la legalidad, frente a otros que defienden la importancia de la actividad cultural y económica que generan estos eventos. La gestión del ruido y la ordenanza municipal han sido puntos clave en el debate público, en el que la administración busca equilibrar intereses diversos.

En declaraciones, la responsable de Mejora Climática, Carlos Mundina, recordó que la normativa de ruido se aplica de forma estricta, y que en el pasado no se solicitaban autorizaciones específicas para estos festivales, debido a un decreto del Consell de 2026. Desde entonces, el Ayuntamiento ha intensificado su control, exigiendo cumplimiento de la ordenanza sin excepciones.

Las autoridades municipales insisten en que la sentencia obliga a actuar sin demora, y que la búsqueda de soluciones con los promotores debe ajustarse a los límites legales establecidos. La intención es garantizar la protección de los derechos de los vecinos y cumplir con la normativa vigente, sin que existan espacios para interpretaciones distintas o dilaciones.

En el marco más amplio, esta situación refleja las tensiones existentes en muchas ciudades ante la coexistencia de actividades culturales y la protección del bienestar ciudadano, en un escenario donde las decisiones judiciales y las normativas legales marcan el rumbo de las políticas urbanas y culturales en la Comunidad Valenciana.