VALENCIA, 5 de agosto. La Administración de la Generalitat ha decidido dar un paso firme al autorizar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo, en respuesta al Real Decreto 658/2025, publicado el 22 de julio por el Gobierno central. Este decreto, que trata del reparto de menores migrantes no acompañados, es considerado por el Consell como una medida unilateral que infringe competencias autonómicas.

La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, hizo público el anuncio durante una rueda de prensa tras un pleno extraordinario donde se abordó este tema. Camarero sostiene que la medida impuesta por el Gobierno no respeta el marco de colaboración necesario entre ambas administraciones.

Este nuevo recurso se suma a la acción lanzada en abril, cuando el Consell presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 2/2025. En aquella ocasión, ya se argumentó que dicha normativa afectaba el orden constitucional y que interfería en la gestión de protección a menores, que corresponde a la Generalitat.

La consellera apuntó que el apoyo económico destinado a la acogida de 571 menores en la región, que suma 7,4 millones de euros para los primeros tres meses, resulta insuficiente. Específicamente, se destinará un total de 35 euros diarios por menor, una cifra muy por debajo de los 219,85 euros que el sistema valenciano asigna por día a cada usuario, lo que según ella, compromete el principio de autonomía financiera necesario para mantener estándares adecuados de atención.

Además, Camarero enfatizó que el decreto fue establecido sin un diálogo previo con las comunidades autónomas, señalando que los criterios utilizados para determinar el número de menores asignados a cada comunidad no han sido justificados ni discutidos. Criticó que, mientras comunidades como el País Vasco y Cataluña no recibirán ningún menor, la Comunitat Valenciana asume una carga significativamente mayor con 571 menores.

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