VALÈNCIA, 26 de enero.

En el marco del juicio por la pieza E de Imelsa, Vicente Burgos, quien fuera gerente de la Fundación Jaume II el Just, se ha defendido de las acusaciones que enfrenta junto a otros cuatro implicados. Durante su testimonio, Burgos señaló que la contratación de Marcos Benavent, quien trabajó en la fundación antes de su paso a Imelsa, fue decisión del entonces conseller de Cultura, Esteban González Pons. "No fui yo, ni el patronato, quien contrató a Benavent; fue el conseller en su calidad de presidente de la fundación", afirmó Burgos.

Este lunes, Burgos se presentó ante el tribunal, en un caso que investiga posibles irregularidades en la adjudicación de contratos de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de València entre los años 2003 y 2007, periodo que coincide con la gestión de la fallecida María José Alcón. Junto a Burgos, se preguntan por su responsabilidad otros cuatro acusados, incluido Benavent y tres apoderados de empresas adjudicatarias: Enrique Aleixandre, Carlos Turró y Carlos Vicent.

La Fiscalía ha solicitado una condena de seis años y medio para Benavent, acusado de cohecho, prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos. En el caso de Vicente Burgos, la pena requerida asciende a cinco años de prisión, mientras que los empresarios mencionados enfrentan tres años cada uno.

Burgos, quien ocupó el cargo de gerente de la fundación entre octubre de 2003 y noviembre de 2007, aclaró que su nombramiento fue a través del patronato de la fundación bajo la dirección de González Pons, que a su vez era conseller de Cultura en ese momento. Durante su declaración, enfatizó su falta de autoridad para realizar contrataciones o gestionar los recursos financieros de la entidad.

El exgerente de la fundación destacó que su labor se limitaba a tareas ordinarias y reiteró que no propuso la contratación de Benavent, quien sí estaba vinculado a la fundación. "Era un mero gerente ordinario sin capacidad legal para contraer obligaciones a nombre de la fundación", subrayó, defendiendo su postura ante las acusaciones gravosas.

En este sentido, Burgos explicó que la fundación tenía una naturaleza jurídica privada con fines de interés público, y que Benavent trabajaba en el gabinete del conseller, una unidad personal que contaba con personal de confianza y otros adscritos de organismos dependientes del conseller. "Benavent tenía un contrato laboral en la fundación, pero era un eventual en el gabinete del conseller", aclaró Burgos.

El acusado también señaló que Benavent, aunque ocasionalmente visitaba la fundación para llevar a cabo gestiones ordenadas por el conseller, no estaba adscrito permanentemente a sus oficinas. "Todo el mundo sabía que estaba en el gabinete", insistió, citando su papel como enlace para el traslado de un claustro patrimonial de Madrid a València.

Reflexionando sobre sus declaraciones anteriores, Burgos reconoció que había matizado su testimonio durante la instrucción. "Lo que dije fue un argumento defensivo, pero la realidad es que Benavent siempre estuvo en el gabinete del conseller", agregó.

En su defensa, Burgos también indicó que Benavent recibía únicamente su salario básico, negando que hubiera recibido pagos adicionales u órdenes para recoger dinero de empresarios. "Lo negué en su momento, nunca ocurrió", afirmó contundentemente.

Al cerrar su testimonio, Burgos expresó el sufrimiento causado por el proceso judicial: "Mi hijo quedó huérfano porque su madre se quitó la vida por esta situación. Tengo 61 años y esto ha sido un dolor inmenso para mi familia", concluyó visiblemente afectado.

La primera jornada del juicio se centró en la presentación de cuestiones previas, donde los abogados defensores argumentaron sobre la posible prescripción de los delitos y la nulidad de ciertos registros. En particular, el letrado de Benavent cuestionó la validez de la investigación realizada por Rosa Pérez que llevó al procedimiento, pidiendo la nulidad del registro en el domicilio de Alcón y otros implicados.

El abogado de Burgos, a su vez, defendió la prescripción de los delitos imputados a su cliente, citando que el tiempo establecido por la ley había transcurrido. Esta misma línea fue sostenida por los abogados de los otros empresarios procesados en el caso.

Por otro lado, la Fiscalía defendió la legalidad de las grabaciones aportadas por Rosa Pérez y consideró que no existía pauta de prescripción respecto a los delitos. En su argumentación, la Fiscalía recordó que Benavent estaba recibiendo pagos sin una labor efectiva. La sala del tribunal se comprometió a estudiar las alegaciones sobre nulidades y prescripciones, que serán abordadas en la sentencia final.