La coalición política ha solicitado la "paralización" de una norma que considera una "pantomima burda". Aseguran que "ni una sola familia podrá garantizar la elección de un modelo educativo".

VALÈNCIA, 23 de noviembre.

El pleno del Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite un recurso de inconstitucionalidad que fue promovido por Compromís, logrando la firma de cincuenta diputados del Congreso de los Diputados. Este recurso se centra en varios artículos de la Ley 1/2024, del 27 de junio, de la Generalitat, que regula la libertad educativa en la comunidad.

En una providencia con fecha del 19 de noviembre, el Tribunal, a instancias de la Sección Tercera, ha aceptado el recurso en relación a artículos específicos de la citada ley. Los artículos que han sido objeto de la controversia incluyen partes de los artículos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, y una disposición adicional, todos ellos con distintos apartados que fueron considerados en la demanda.

De igual forma, se ha acordado notificar la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado a través de sus presidentes, así como al Gobierno, mediante el ministro de Justicia. Les Corts Valencianes y el Consell también recibirán la documentación por sus respectivos presidentes, permitiendo que se personen en el proceso y presenten las alegaciones que estimen pertinentes dentro de un plazo de 15 días.

El Tribunal Constitucional ha negado la suspensión solicitada en la demanda y ha señalado que se publicará la apertura del recurso tanto en el Boletín Oficial del Estado como en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Este recurso fue presentado el 25 de septiembre por Compromís, que contó con el respaldo de cincuenta diputados, cumpliendo con el mínimo necesario para su presentación en el Congreso. Además, la iniciativa recibió el apoyo de otras formaciones como Sumar, Podemos, Bildu, ERC, Junts y BNG, quienes argumentan que la ley infringe los derechos lingüísticos del alumnado, tal como están reconocidos en el Estatuto de Autonomía, la Constitución Española y diversas normativas educativas de mayor rango.

La portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Mico, ha afirmado que la admisión a trámite de este recurso demuestra que "cuantas más instituciones tengamos representación, más fuerza podemos tener para impulsar acciones como esta".

Mico ha resaltado que sin la unificación de diversas voluntades parlamentarias, nunca habrían podido impulsar este recurso, el cual consideran fundamental para que una ley tan perjudicial sea anulada. Esta afirmación fue transmitida por la formación en un comunicado oficial.

En un tono de satisfacción, Gerard Fullana, portavoz de Educación de la coalición en Les Corts Valencianes, ha expresado que la admisión del recurso es un indicio de posibles inconstitucionalidades en la Ley Educativa propuesta por Mazón.

Fullana subrayó: "Por tanto, esta ley debería ser paralizada, dado que un tribunal de tal relevancia va a evaluar las posibles ilegalidades de la normativa". El portavoz también criticó que Mazón haya acelerado un componente de esta ley a través de un trámite de urgencia en un momento tan crítico, sugiriendo que tal acción busca desviar la atención de las graves responsabilidades inherentes a la crisis ambiental que ha impactado la región.

En sus declaraciones, Fullana explicó que se trata de "la exposición pública para promover un referéndum sobre el idioma", lo que resulta en que cerca de 800.000 familias valencianas se vean forzadas a elegir un programa educativo sin claridad sobre el idioma en el que sus hijos serán matriculados, calificando esta situación de "mecanismo engañoso" para que las familias "elijan" el idioma de estudio para sus hijos e hijas.

El diputado valencianista criticó la ley, afirmando que simplemente es una "burda pantomima", disfrazada bajo la falsa premisa de la libertad. A su juicio, la ley no garantiza que ninguna familia efectivamente tenga la certeza sobre el modelo educativo al momento de matricular a sus hijos, tildando esta situación de "estafa".

Añadiendo a su análisis, Fullana aseguró que la propuesta crea un "caos absoluto" en las escuelas públicas, dado que cada año se requerirán referéndums y cada curso podría ofrecer diferentes modelos, lo que dificultaría la coordinación de ciclos o la implementación de programas como Xarxa Llibres.

Por el contrario, subrayó Fullana, "en los centros concertados no habrá referéndums ilegales, y serán las direcciones de estos centros quienes decidan sobre sus proyectos". Así, las familias de centros concertados tendrán conocimiento previo del proyecto educativo antes de proceder con la matrícula de sus hijos e hijas, garantizando una mayor transparencia y previsibilidad en este proceso.

Desde la coalición, se ha indicado que la nueva normativa educativa obliga a las familias valencianas a matricular a sus hijos sin saber en qué lengua recibirán sus clases. Afirman que esto obstaculiza que el alumnado en áreas donde se habla predominantemente castellano pueda aprender en valenciano y dominar ambos idiomas oficiales.

Además, la ley del PP permite que haya profesorado sin la capacitación adecuada para ofrecer clases en valenciano en asignaturas no lingüísticas, lo que representa una violación del derecho del alumnado a recibir educación en valenciano en otras materias. La coalición ha enfatizado que existen antecedentes judiciales que contradicen muchos de los artículos de esta ley, incluyendo diversos fallos tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Por último, han señalado que este Tribunal ya desestimó una de las disposiciones de la ley, argumentando que permitir que cada estudiante escoja el idioma en el que desean realizar sus exámenes "atenta contra el objetivo de adquirir conocimientos vinculados al idioma que vehicula cada asignatura".