El Ministerio de Hacienda ha cumplido con los plazos establecidos y ha enviado la documentación necesaria para acceder al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, con motivo de los daños provocados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) el pasado 29 de octubre, que ha causado estragos especialmente en la provincia de Valencia. Este envío se realizó este lunes y es un paso crucial para obtener la ayuda necesaria en esta situación crítica.
La información presentada por el Ministerio incluye un desglose detallado de los gastos que podrían ser financiados por el mencionado fondo, que se eleva actualmente a un total de 4.404 millones de euros. Este dato ha sido confirmado por el propio Ministerio de Hacienda a través de un comunicado oficial, dejando claro el impacto económico que la catástrofe ha tenido en la región.
Con la documentación ya en manos de la Comisión Europea, comienza ahora un proceso en el que se evaluará la solicitud y se determinará el monto a asignar a España. Es importante señalar que este importe será, sin duda, menor a los gastos totales comunicados por Hacienda, pues estos superan con creces los 1.500 millones, que es el límite establecido para la Reserva de Solidaridad y Ayudas de Emergencia.
Asimismo, el Ministerio ha advertido que la cifra finalmente asignada podría reducirse aún más si algunos de los gastos considerados elegibles reciben financiamiento a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. De acuerdo con la normativa vigente, no se permite la doble financiación, lo que implica que el Estado solicitante debe asegurarse de que los costos cubiertos por el Fondo no estén ya financiados por otros mecanismos de la Unión Europea.
El pasado 4 de noviembre, en un gesto de proactive respuesta al desastre, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había comunicado de manera anticipada a la excomisaria de Cohesión y Reformas, Elisa Ferreira, la intención de España de acogerse a este fondo de solidaridad europeo. Este enfoque demuestra el compromiso del gobierno en acciones rápidas tras los desastres naturales.
Con ello, España ha esperado hasta el último momento del plazo de 12 semanas establecido por Bruselas para que los Estados miembros puedan solicitar este tipo de apoyo, que culmina el 21 de enero. Este reglamento es una herramienta crucial que permite a los países recuperarse de catástrofes severas, clasificadas cuando los daños superan el 0,6% de la Renta Nacional Bruta o 3.000 millones de euros (valores de 2011), lo cual España ha demostrado cumplir, según la documentación presentada.
Después de que toda la información sea evaluada, la Comisión Europea procederá a determinar y proponer el importe de la ayuda correspondiente, que posteriormente debe ser validado por el Consejo y el Parlamento Europeo, asegurando así un proceso democrático y controlado para la liberación de estos recursos.
Es relevante resaltar que, una vez que el importe es aprobado, la Comisión formaliza un acuerdo con el Estado beneficiario y efectúa la subvención. Sin embargo, el Ministerio ha advertido que este proceso puede extenderse durante varios meses, ya que la gestión de este tipo de fondos suele ser compleja y detallada.
El importe que finalmente se le conceda a España estará indudablemente por debajo de los gastos elegibles comunicados, lo que plantea desafíos significativos en la gestión de recursos para el país. Cabe señalar que, junto con la solicitud, también se ha enviado una carta de María Jesús Montero al vicepresidente ejecutivo de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, donde se destaca el despliegue de recursos que el Gobierno, junto con las autoridades regionales y locales, ha llevado a cabo para asistir a los afectados.
En este sentido, la carta menciona que “el Gobierno del Reino de España ha movilizado todos los recursos disponibles para mitigar los daños y ofrecer asistencia directa a los ciudadanos afectados, implementando el mayor despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz en la historia reciente del país”.
El Fondo Europeo de Solidaridad (FES) fue establecido en el verano de 2002 con un presupuesto inicial de 500 millones de euros anuales. Este se ha incrementado significativamente, alcanzando los 1.144 millones anuales entre 2024 y 2027, en respuesta a la creciente cantidad de desastres naturales que afectan a Europa. Sin embargo, la Comisión ha resaltado que este fondo no actúa como una respuesta rápida ante crisis, lo que implica que la entrega efectiva de los fondos puede tardar meses.
Las autoridades nacionales del Estado miembro implicado son las responsables de presentar la solicitud para acceder a esta ayuda, dentro del plazo de 12 semanas desde el primer daño sobrevenido por la catástrofe. En situaciones de emergencias que evolucionan lentamente, como sequías o crisis sanitarias, este plazo inicia a partir de la primera medida oficial adoptada contra la emergencia.
Una vez presentada y aceptada la solicitud, la Comisión procederá a evaluar y proponer al Parlamento Europeo y al Consejo un importe de ayuda, que se calculará en función de los daños directos causados en relación al PIB del país o región afectada. Este importe debe ser utilizado dentro de un periodo de 18 meses desde que la Comisión desembolse la cantidad total aprobada.
El Estado beneficiario es finalmente responsable de la ejecución de la ayuda, lo que incluye la selección de proyectos y la supervisión de auditorías y controles. Sin embargo, las acciones de emergencia pueden ser financiadas de manera retroactiva desde el día inicial de la catástrofe, una medida que facilita la intervención inmediata.
A pesar de ello, la Comisión define claramente qué tipos de operaciones son elegibles para la ayuda, que podrá ser utilizada para restaurar y asegurar el funcionamiento de infraestructuras, proporcionar alojamiento temporal, financiar servicios de rescate y establecer medidas para proteger el patrimonio cultural, además de facilitar la limpieza de las áreas afectadas por el desastre.
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