En Alicante, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado formalmente el procesamiento de Mari Carmen de España, actual concejala de Empleo del Ayuntamiento, debido a un presunto caso de prevaricación urbanística vinculado a las obras del Centro de Inteligencia del Agua.

Según los documentos obtenidos por Europa Press, el organismo judicial ha solicitado que se continúe con el proceso en la fase de procedimiento abreviado, no solo para De España, sino también para Manuel Juan Amorós, director gerente de la Agencia Local de Desarrollo Económico y Social (ALDES). Ambos son señalados como presuntos autores de este delito.

Los hechos se centran en la autorización que se otorgó para realizar modificaciones en un edificio municipal en la calle Italia número 21 de Alicante, cuya legalidad había sido cuestionada por el partido PSPV en su momento.

La Fiscalía argumenta que el comportamiento de De España y Amorós encuadra esta situación dentro de una infracción penal, al considerarse que ambos desempeñaron papeles clave en la aceleración de un proyecto que, según se afirma, contraviene las normativas urbanísticas vigentes. Además, resaltan que este trámite no debería haberse resuelto mediante el orden contencioso administrativo, como se propuso.

Se sugiere que existía una “voluntad política predeterminada” impulsada por De España, quien pretendía establecer el Centro de Inteligencia del Agua en la propiedad municipal sin importar si ello implicaba violar la legislación. El fiscal señala que el técnico encargado de emitir los informes necesarios no actuó como le correspondía, fallando al no advertir sobre las irregularidades del proceso.

Finalmente, se apunta que la empresa encargada de llevar a cabo las obras comenzó su ejecución a finales de abril de 2023, sin contar con la debida autorización. Este hecho era de conocimiento general entre todos los involucrados, y su constancia se encuentra documentada en el expediente mediante las primeras certificaciones de la obra y un acta de replanteo.