VALÈNCIA, 20 de enero. La Fiscalía de Valencia ha solicitado una condena de tres años de prisión para Cecilia Herrero, concejala del partido Vox en la ciudad, acusándola de difundir mensajes en la plataforma X que incitan al odio y la discriminación en contra de personas migrantes y grupos como LGTBI y personas con discapacidad. Según la acusación, estos mensajes contienen un lenguaje despectivo y ridiculizan a los mencionados colectivos.

El requerimiento del ministerio público también implica una serie de sanciones adicionales, que incluyen la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la duración de la condena y una multa que podría ascender a 7.200 euros. Además, se propone inhabilitarla para ejercer en profesiones educativas, deportivas o de tiempo libre por un periodo de seis años, debido a la gravedad de los delitos cometidos en ejercicio de sus derechos fundamentales y libertades públicas otorgadas por la Constitución.

En una opción alternativa, la Fiscalía menciona la posibilidad de imponer una pena de un año y dos meses de prisión, así como una multa menor y una inhabilitación para el mismo tipo de profesiones, pero por un tiempo más corto. Cualquiera sea el desenlace, la Fiscalía considera necesario que se le impongan restricciones a su capacidad para desempeñar funciones públicas durante el mismo período que dure la condena.

Cecilia Herrero, que forma parte de la coalición de gobierno que incluye a Vox y al Partido Popular bajo la dirección de María José Catalá, actualmente lidera la delegación de Responsabilidad Patrimonial. El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ya había iniciado un procedimiento abreviado en junio del año anterior, al considerar que existían pruebas suficientes para llevarla a juicio.

De acuerdo con la acusación, entre abril de 2020 y abril de 2024, Herrero utilizó su cuenta en Twitter para lanzar una serie de publicaciones que se han caracterizado por un tono agresivo y provocador, aunque ha eliminado el contenido que generó la controversia. A día de hoy, cuenta con 11,300 seguidores en la plataforma.

Entre las declaraciones destacadas que la Fiscalía ha recopilado se encuentran frases como: "BASTA. Blindar nuestras fronteras... es una obligación del Gobierno. La expulsión de inmigrantes, NUESTRO DERECHO. Expulsión YA"; y "No son ni migrantes ni inmigrantes. Son INVASORES". Este tipo de retórica ha sido interpretada como un intento deliberado de deshumanizar a grupos vulnerables.

La Fiscalía sostiene que Herrero ha hecho un uso poco ético de su plataforma pública, emitiendo mensajes que buscan estigmatizar y criminalizar a poblaciones específicas, incluyendo el colectivo LGTBI y personas con discapacidad. Se argumenta que su discurso ha logrado asociar la inmigración con una supuesta invasión, creando una atmosfera de temor e inseguridad entre la ciudadanía, con la intención de influir en su voto a favor de Vox.

De manera particular, el informe de la Fiscalía subraya que su ataque está dirigido con especial énfasis hacia las personas LGTBI, aquellos con discapacidad y las personas de piel negra, a quienes tacha de criminales y presenta como una amenaza para la sociedad. Además, se le acusa de manipular información y selecciones de noticias con el fin de provocar alarma social.

Por último, se señala que Cecilia Herrero tenía conocimiento de que sus publicaciones quedarían registradas de forma permanente en las redes sociales, lo que podría amplificar su alcance y el daño provocado a los colectivos atacados. La fiscalía ha documentado un total de 31 mensajes publicados durante el periodo investigado, aunque estos fueron borrados de sus cuentas tras generar la controversia, ya que han sido preservados por otros usuarios en plataformas de acceso público.