El Gobierno español ha tomado la decisión de implementar un conjunto de medidas laborales extraordinarias dirigido a las empleadas del hogar y aquellos trabajadores afectados por la reciente DANA (DANA por sus siglas en español). La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha denominado a este programa como 'escudo laboral', el cual se anticipa será aprobado en la reunión del Consejo de Ministros programada para este lunes.

Estas nuevas disposiciones representan el segundo paquete de auxilios que el Ejecutivo ha desplegado desde la devastadora catástrofe, que previamente incluyó un conjunto de ayudas económicos valoradas en un total de 10.600 millones de euros, aprobadas la semana pasada. Este esfuerzo gubernamental busca paliar los efectos del desastre natural en las comunidades afectadas.

Con una fecha de efecto retroactivo marcada desde el 29 de octubre, el 'escudo laboral' propone distintas modalidades de apoyo, incluyendo la posibilidad de que las empresas afectadas por la DANA se acojan a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), ya sea por fuerza mayor o por otras razones económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP). Esto incluye tanto a empresas ubicadas en las áreas devastadas como a aquellas que demuestren haber sufrido pérdidas significativas debido al desastre, según la información proporcionada por fuentes del Gobierno.

Los trabajadores que estén incluidos en los ERTE y vean su jornada laboral reducida o su contrato suspendido a raíz de la DANA tendrán derecho a una prestación contributiva equivalente al 70% de la base reguladora, sin necesidad de haber cumplido un periodo previo de cotización. Además, se establece que las empresas que acojan a estos trabajadores en ERTE estarán exentas del 100% de las cotizaciones hasta, al menos, el 28 de febrero de 2025.

Las estimaciones del Gobierno apuntan a que más de 350.000 trabajadores podrían beneficiarse al acogerse a un ERTE, con un costo que se aproxima a los 147,9 millones de euros. Esta cifra enfatiza la magnitud del impacto ocasionado por la DANA en el mercado laboral.

Entre las novedades que incorpora el 'escudo laboral', se incluyen permisos retribuidos que brindan el 100% del salario a aquellos empleados que, debido a la DANA, no puedan presentarse en su lugar de trabajo o realizar teletrabajo. Estos permisos, a diferencia de los otorgados durante la pandemia, no serán recuperables, lo que significa que los trabajadores no deberán compensar a la empresa las horas no trabajadas.

Los costos de estos permisos correrán a cargo de las empresas, independientemente de su situación en relación a los ERTE, y no tendrán plazos rígidos, a excepción del caso del fallecimiento de un familiar, donde se otorgarán cinco días que comienzan a contar desde el momento del sepelio.

Las situaciones que habilitarán a los empleados a solicitar estos permisos abarcan diversas circunstancias, tales como la imposibilidad de desplazarse al trabajo si ello representa un riesgo para su salud o seguridad, así como el compromiso de participar en labores de rescate en los lugares severamente impactados por la DANA.

Además, también se podrán solicitar permisos retribuidos para aquellos que necesiten buscar a familiares desaparecidos, atender situaciones derivadas del fallecimiento de los mismos o aquellas circunstancias que les impidan realizar su trabajo debido a la pérdida de vivienda o necesidad de equipo remoto.

En la declaración de la ministra Díaz, se ha dejado claro que las solicitudes de permisos retribuidos se ajustarán a las circunstancias específicas de cada trabajador, lo cual busca brindar tranquilidad en esta crítica fase. "Quiero enviar un mensaje de calma a los empleados, ya que los que enfrenten dificultades de movilidad contarán con cobertura para acceder a estos permisos," afirmó.

El 'escudo laboral' también incluirá una prestación extraordinaria para empleadas de hogar, que se ofrecerá al 70% de la base reguladora sin exigir un periodo de carencia ni consumirse cotizaciones. Se prevé que se simplificarán los requisitos para acceder a esta prestación, particularmente en casos donde el empleador haya fallecido o no se encuentre disponible.

En paralelo a estas medidas, el Gobierno ha decidido reactivar el 'Plan Mecuida', una iniciativa que permite a los trabajadores modificar o reducir su jornada laboral hasta un 100% para dedicarse al cuidado de menores y familiares. Este plan contempla varias alternativas, desde el teletrabajo hasta la reestructuración de horarios completos, consolidando así los derechos de conciliación laboral como individuales y no transferibles.

Dentro de este marco legal, el Ejecutivo también incluyó la prohibición de despidos motivados por la DANA, considerando dichos despidos como inválidos, y se suspenderán los contratos temporales, lo que garantiza estabilidad laboral en medio de la crisis.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado que también se presentarán nuevas ayudas económicas para los afectados por la DANA, diseñadas para ser reembolsadas a lo largo de cinco a siete años. "Presentaremos ayudas que cumplirán con este formato de devolución en el próximo Consejo de Ministros," expresó Cuerpo.

Con estas iniciativas, el Gobierno pretende proporcionar un sistema de apoyo robusto para los sectores más vulnerables ante la catástrofe, además de un plan estatal de asistencia para las zonas dañadas que suma un valor de 10.600 millones de euros, incluyendo ayudas directas y medidas fiscales para responder a esta situación crítica.

En el marco de la Seguridad Social, se contempla también la implementación de una Incapacidad Temporal (IT) extraordinaria, que permitirá a los trabajadores y autónomos que hayan sufrido daños físicos o psicológicos a raíz de la DANA acceder a un 75% de su salario desde el primer día de su incapacidad, ofreciendo así un respiro ante los efectos devastadores de esta crisis.

Adicionalmente, se ha aprobado el incremento del 15% en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y de las pensiones no contributivas, con un periodo inicial de tres meses que podrá ser prorrogado y que entrará en vigor a finales de este mes, haciendo el proceso accesible sin necesidad de formalidades adicionales.