València, 26 de agosto. En la última sesión del Consejo de Ministros, celebrada el martes, se ha tomado la decisión de clasificar diversas áreas de la Comunitat Valenciana como 'Zona afectada gravemente por una Emergencia de Protección Civil'. Esta medida responde a la grave situación de 15 incendios forestales que se han registrado desde junio hasta agosto, encontrándose en diferentes estados operativos que van del 1 al 2.

Entre los incendios destacados, se encuentran los ocurridos en Alcoleja el 23 de junio, en Cocentaina un día después, así como los de Titaguas y Chera a finales de junio y mediados de julio, respectivamente. El fuego también devastó Ibi y Villena en julio, con otro siniestro significativo que afectó a Torrent a finales de este mismo mes.

Respecto a los incendios que han ocurrido en agosto, se ha declarado también la zona afectada en Riba-roja de Túria debido al fuego del 2 de agosto, seguido por incidentes en Moixent, Teresa de Cofrentes y otros municipios valencianos en días sucesivos, incluyendo Artana en Castellón y Utiel, ambos ocurridos el 19 de agosto.

Además, el Gobierno ha implementado un protocolo para que los afectados por las 121 emergencias de protección civil que han tenido lugar en todo el país desde el 24 de junio puedan acceder a las ayudas estipuladas en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil.

Desde esa fecha, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (Cenem) ha recibido informes referentes a 121 crisis de protección civil, con 114 de ellas relacionadas con incendios forestales en diversas comunidades, incluyendo Andalucía, Cataluña y la Comunitat Valenciana, así como emergencias por riadas en otras regiones.

El Consejo de Ministros ha documentado tres olas significativas de incendios forestales en los últimos dos meses. La primera, a finales de junio, afectó a múltiples localidades en Alicante, Madrid, Sevilla y Valencia, lo que llevó a activar los planes de prevención de las comunidades autónomas involucradas.

La segunda oleada, iniciada el 7 de julio con un incendio en Tarragona, causó muertes y daños significativos, y a partir del 11 de julio, spikes en la actividad incendiaria fueron reportados en varias comarcas, incluyendo una situación crítica en Valencia.

A medida que avanzaba julio, la situación se tornó más grave, con más incendios en Alicante, Ávila y Madrid, sumando un número alarmante de emergencias en varias provincias. La tercera y más devastadora oleada comenzó el 8 de agosto, afectando a zonas como San Bartolomé de Pinares y otras localidades, generando un gran despliegue de recursos y la declaración de la fase de preemergencia por el Gobierno.

Desde el 11 de agosto, se registraron múltiples incendios en diversas provincias, lo que llevó a la activación de estrategias de coordinación para mitigar sus efectos, destacando la intervención de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.

La situación ha resultado en pérdidas humanas y daños en infraestructuras, lo que ha motivado al Gobierno a actuar en solidaridad interterritorial, ofreciendo ayudas directas para mitigar los daños sufridos por las familias y las comunidades afectadas.

El acuerdo del Consejo de Ministros también contempla ayudas en los ámbitos personal y material, así como exenciones fiscales y medidas sociales que apoyarán a las corporaciones locales, la agricultura y otros sectores perjudicados por estas emergencias.

Por último, se ha puntualizado que otros departamentos ministeriales tienen la facultad de declarar zonas de actuación especial y priorizar las obras necesarias para reparar los daños en las infraestructuras públicas que han sido severamente afectadas por estos desastres. Esto resalta la determinación del Gobierno para enfrentar esta severa crisis y proteger a los ciudadanos afectados.