VALÈNCIA, 6 de febrero.

La jueza encargada de la investigación sobre la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024, con sede en Catarroja (Valencia), ha emitido un requerimiento a las consellerías de Agricultura, Servicios Sociales, Medio Ambiente y Educación. Este aviso exige que, en un plazo de cinco días, se presente documentación relacionada con las solicitudes de cooperación y las medidas de protección que debieron implementarse para proteger a los ciudadanos afectados ese día.

El auto emitido por la magistrada el pasado viernes solicita que estos departamentos del gobierno detallen las peticiones que recibieron en el contexto de la DANA, provenientes de la Conselleria de Justicia e Interior y de la Secretaría Autonómica de Emergencias. Cabe recordar que en esa época, las dos personas actualmente bajo investigación, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, eran las responsables de estas entidades, lo que aumenta la relevancia de sus respuestas a las "eventuales comunicaciones" que les llegaron.

La jueza destaca en su resolución que "la posibilidad de haber evitado las 230 muertes y lesiones se basa en la evaluación de los avisos a la población y el control de las fuentes de riesgo", una tarea que en teoría debería haber recaído en las autoridades de protección civil. Además, reitera que la responsabilidad en cuestiones de protección civil recayó en todo momento en la Administración Autonómica, un punto que ya había sido enfatizado en un auto anterior, fechado el 16 de junio de 2025, que reconocía a Salomé Pradas como investigada.

A pesar de la complejidad del proceso y de la multiplicidad de resoluciones dictadas por la Audiencia Provincial, la magistrada observa que tanto las defensas como varias acusaciones, tanto particulares como populares, parecen ignorar los marcos legales pertinentes, el Estatuto de Autonomía y la Ley autonómica de Protección Civil. Esta falta de alineación plantea serias dudas sobre la interpretación que hacen de los hechos y las responsabilidades involucradas.

La instructora critica a aquellos que se encuentran "en una realidad paralela, normativa y fáctica", señalando que solicitar la declaración de emergencia nacional como una forma de evitar las muertes es un enfoque erróneo que, en lugar de representar una verdadera perseverancia, evidencian una necedad obstinada, particularmente cuando la defensa y la acusación parecen converger en sus argumentos.

Además, la magistrada comenta que la identificación de fallos en las administraciones, incluidas las de la autonómica, es utilizada por las defensas para pedir el archivo del caso. Esto ha sorprendido a la jueza, quien se pregunta cómo algunas acusaciones siguen demandando responsabilidades penales basadas en criterios similares.

Este contexto provocó que durante el testimonio del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se plantearan preguntas relacionadas con eventos ocurridos fuera de la Comunidad Valenciana, en Letur. La jueza indica que esta búsqueda de conexiones es solo posible al intentar imputar responsabilidades penales a aquellas figuras que están bajo la competencia del Tribunal Supremo, algo que ya ha sido enviado al archivo por el Alto Tribunal en un auto anterior, datado el 23 de julio de 2025.

Conforme avanza la investigación, la magistrada considera fundamental examinar la coordinación y la actuación de las consellerías en relación con la emergencia. Por ello, insiste en la necesidad de que Agricultura, Servicios Sociales, Medio Ambiente y Educación informen si se les solicitó asistencia o medidas tras la intervención del departamento de Emergencias.

Finalmente, la jueza se opone a intentar "saltarse" la administración central, desatendiendo las normativas legales y estatutarias. Asegura que cualquier intentona de eludir los procedimientos establecidos solo debilita su argumento, dado que se omite un aspecto crucial en la gestión de crisis autonómica: la declaración de emergencia catastrófica, que no requiere una delegación de competencias y que destaca la falta de acción en el enfrentamiento de la situación de emergencia.