VALÈNCIA, 19 de noviembre.

La magistrada encargada de la investigación sobre la gestión de la Dana en Catarroja ha solicitado a la periodista Maribel Vilaplana la información referente a la tarjeta de crédito con la que realizó el pago del estacionamiento en la Glorieta, donde dejó su vehículo durante las lluvias torrenciales.

Según se detalla en una providencia emitida este miércoles, la jueza demanda a la empresa encargada del parking que proporcione datos sobre la hora en que la periodista ingresó y salió con su coche, en un intento de esclarecer los hechos ocurridos el 29 de octubre de 2024.

La magistrada ha requerido a Vilaplana que envíe al juzgado, "lo más pronto posible", una captura de pantalla que muestre el comprobante de pago del estacionamiento, además de la información de su tarjeta bancaria. Esta medida se enmarca dentro de una serie de acciones destinadas a revelar la cronología de los eventos acaecidos durante esa trágica jornada, garantizando que la información se maneje con la máxima confidencialidad para no vulnerar la privacidad de la testigo.

La jueza argumenta que Vilaplana ya había expresado su disposición a colaborar al proporcionar el correspondiente recibo del parking. Una vez que se verifique la información enviada por la periodista, se solicitará nuevamente a la empresa operadora que remita los datos sobre el tiempo de estancia del vehículo en cuestión.

Además, la magistrada ha decidido tomar declaración a Vilaplana, a solicitud de la Audiencia de Valencia, quien deberá traer consigo el tique del estacionamiento, aunque la comunicadora no pudo presentarlo. Según su relato, se encontraba en el restaurante El Ventorro desde las 15:00 hasta las 18:45 horas, cuando se dirigió al parking, en compañía de Mazón, lo cual ha sido revelado recientemente.

Por otro lado, la magistrada ha accedido a la petición de Intersindical Valenciana, permitiendo la obtención de grabaciones de las comunicaciones realizadas el 29 de octubre de 2024, a través del Grupo de Comunicación de Radio V-Valencia. Estas grabaciones serán acotadas al periodo solicitado por el ministerio fiscal, que abarca desde las 12:00 hasta las 15:30 horas.

En este contexto, la jueza considera fundamental el testimonio de un sargento de Bomberos que confirmó que era consciente de que sus comunicaciones se encontraban grabadas y que podrían ser solicitadas, además de estar bajo monitoreo por parte del Centro de Coordinación de Emergencias.

Las grabaciones en cuestión son vistas como documentos clave que reflejan la actuación de los responsables en la gestión de la crisis, y la jueza justifica el acceso a esta información en función de la naturaleza del caso, que involucra la trágica pérdida de 229 vidas y múltiples heridos. Además, aclara que la obtención de estos datos no comprometerá la privacidad de los intervinientes, dado que son conscientes de la grabación de sus comunicaciones.

De esta manera, la magistrada enfatiza que no se vulnera el secreto de las comunicaciones, ya que todos los participantes son plenamente conscientes de que sus intercambios están siendo registrados y que las conversaciones tienen un carácter profesional que no invade su vida privada.