VALÈNCIA, 11 Nov. - La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha rechazado el recurso de apelación presentado por la defensa de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, quien está siendo investigada en relación con los trágicos eventos de la dana. El tribunal ha corroborado la decisión de la jueza de Catarroja de no admitir una serie de testigos y pruebas, argumentando que estas ya habían sido aceptadas o que la defensa no había fundamentado adecuadamente su relevancia.

Además, el tribunal también desestimó varias diligencias solicitadas por una acusación particular en representación de la familia de un fallecido en Cheste. Estas diligencias incluyeron peticiones de documentación a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y testimonios, entre los cuales se mencionaba al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Los magistrados, al evaluar el recurso de Pradas, se alinearon con la valoración de la jueza de Catarroja, ratificando la decisión de rechazar las pruebas que solicitaba la defensa. La exconsellera había solicitado acceso a información del sistema Coordcom, datos del WAP del 29 de octubre de 2024 relacionados con la rambla del Poyo y el río Magro, así como la declaración de un técnico de la CHJ y un testigo de la Generalitat.

En su apelación, la defensa planteó que la negativa a admitir estas pruebas constituía una vulneración del derecho de defensa, argumentando que eran esenciales para esclarecer la situación. Sin embargo, la sala subrayó que el acceso a los datos del sistema Coordcom no estaba suficientemente justificado en cuanto a su utilidad y su potencial impacto en la defensa.

El tribunal recordó que un elemento considerado previamente importante para la investigación, como la conversación entre un técnico de Emergencias y un predictor de la Aemet sobre las precipitaciones, ya había sido acordado en junio y no hacía falta más duplicado.

En cuanto a las pruebas solicitadas sobre el estado de la presa de Forata, la acusación particular alegó que la decisión de la jueza carecía de una justificación adecuada. El tribunal, no obstante, defendió que los argumentos presentados por la jueza cumplían con los estándares de motivación exigidos por la Constitución, dejando claro que había razones coherentes para el rechazo de las diligencias solicitadas.

La declaración del tribunal también enfatiza que las decisiones judiciales se basan en diligencias ya acordadas que no permiten clasificar tales rechazos como arbitrarios. Al momento, se han emitido 26 autos desde mayo sobre esta causa, de los cuales 23 han desestimado los recursos, reafirmando la actuación de la jueza instructora en este caso.

Este desarrollo es un nuevo capítulo en la investigación sobre el mortal suceso de la dana, que hasta la fecha ha cobrado la vida de 229 personas y ha causado innumerables daños, evidenciando la complejidad del manejo de emergencias en situaciones de crisis climática.