La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha salido al paso de las acusaciones lanzadas por el director general de Medio Natural y Animal de la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Raúl Mérida. En un comunicado oficial, la CHJ ha desmentido rotundamente la información relacionada con la supuesta contaminación de dos parcelas en Riba-roja, Valencia, a partir de residuos procedentes del barranco del Poyo. Además, han enfatizado que todo el proceso de extracción de vehículos de los cauces tras la riada está siendo llevado a cabo bajo cumplimiento estricto de la normativa vigente.

El anuncio de Mérida, quien reveló que la Generalitat había interpuesto dos denuncias contra la CHJ por vertido de residuos y acumulación de vehículos, ha sido objeto de respuesta inmediata por parte del organismo. De acuerdo con las revelaciones del director general, la CHJ estaba implicada en la gestión de residuos y vehículos tras las labores de recuperación efectuadas después de la inundación del 29 de octubre. En esta línea, se afirmaron haber obtenido informes de agentes medioambientales que sustentaban estas acusaciones.

No obstante, la CHJ ha declarado que las aseveraciones de la Conselleria son absolutamente incorrectas. La entidad informó que en la actualidad no está efectuando trabajos en la zona en cuestión y que en ningún momento se han acumulado residuos en las áreas mencionadas. En apoyo a esta postura, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, también se pronunció ante los medios, señalando que las afirmaciones de Mérida son, sin lugar a dudas, inexactas.

La CHJ ha detallado que el presunto punto de vertido señalado por el director general podría estar relacionado con un antiguo vertedero, actividad que no se había registrado hasta la reciente inundación, la cual fue detectada durante trabajos de conservación llevados a cabo por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Estos trabajos tienen como objetivo asegurar la estabilidad de la carretera A-3.

Respecto a la acumulación de vehículos, la CHJ ha reiterado que todos los que han sido retirados se están gestionando de acuerdo a las normativas establecidas. También se manifiesta la falta de información sobre el origen de los 300 vehículos considerados 'abandonados' por el director general, los cuales -según la CHJ- parecen estar en propiedades privadas y no dentro del dominio público hidráulico.

Finalmente, la CHJ mostró su decepción ante la decisión de la Conselleria de presentar una denuncia ante la Fiscalía sin contar con evidencias claras y omitiendo los procedimientos de investigación pertinentes. A pesar de esta situación, el organismo reafirmó su compromiso de colaborar con todas las administraciones implicadas para restaurar y asegurar el dominio público hidráulico y las infraestructuras dañadas por la inundación.