La Fiscalía retrasa el juicio al 'cártel del fuego' tras negociar un acuerdo con los acusados
El exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, se enfrenta a una petición de 21 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción.
La Audiencia Nacional ha decidido posponer el juicio por el 'cártel del fuego' para mañana, ya que la Fiscalía está negociando con los acusados en busca de un posible acuerdo.
En este juicio se procesará a Serafín Castellano por su presunta implicación en amaños en contratos para la extinción de incendios, junto a una treintena de personas.
Las acusaciones apuntan a prácticas corruptas para alterar la concurrencia en procesos de contratación pública, involucrando presuntos sobornos.
La Fiscalía ha reducido su petición de enjuiciamiento a 17 personas en este caso, descartando a otros por falta de pruebas suficientes.
Para Castellano se solicitan 21 años de prisión por varios delitos, mientras que al empresario Vicente Huerta se le exige una condena de 33 años y 6 meses de cárcel.
Según la Fiscalía, los acusados habrían llevado a cabo conductas ilícitas relacionadas con la contratación pública en el sector de la extinción de incendios durante casi dos décadas.
El juez Gabriel Castellón reveló que los miembros del 'cártel del fuego' habrían beneficiado a empresas y personas colaboradoras con prácticas indebidas que incrementaron el gasto público de forma injustificada.
Se estima que solo a Castellano, en el ámbito de las actividades cinegéticas, se le otorgaron regalos valorados en más de 163.000 euros.
Los empresarios implicados en el caso habrían repartido el mercado de contratación pública en el sector y llevado a cabo reuniones para planificar sus acciones ilegales y beneficios mutuos.
Los supuestos amaños se habrían extendido a nivel internacional, generando concursos desiertos que inflaron los precios de licitación en procedimientos no transparentes.
En la Comunidad Valenciana, se habrían firmado contratos por más de 150 millones de euros en un esquema de corrupción que involucró regalos y dádivas a funcionarios y autoridades.
Las acusaciones incluyen delitos como cohecho, organización criminal, malversación de fondos públicos, falsificación de documentos y tráfico de influencias, entre otros.