La Fiscalía Superior de la Comunitat Valenciana ha expresado su apoyo a la jueza que lleva a cabo la investigación sobre la tragedia provocada por la DANA del 29 de octubre, que resultó en 229 muertes y devastadores daños materiales y personales. Tras recibir una querella del sindicato Manos Limpias contra la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, la Fiscalía ha solicitado que esta sea desestimada, al no encontrar elementos que demuestren la prevaricación denunciada.

En un informe emitido el pasado martes, el ministerio público argumentó que la querella carece de fundamentos, indicando que en su actuación no existen indicios que puedan considerarse delictivos en relación con la prevaricación judicial.

La Fiscalía opina que es fundamental descartar la posibilidad de que las acciones de la jueza se interpreten como coacciones, ya que su labor se llevó a cabo en el marco de su función. Además, la parte afectada tuvo la oportunidad de impugnar las decisiones a través de los recursos establecidos en la normativa procesal penal.

En este sentido, el organismo fiscal ha señalado que el rechazo a las demandas formuladas no puede entenderse, ni de manera más amplia, como una forma de violencia según lo estipulado en el artículo 172 del Código Penal, conforme a lo establecido por la jurisprudencia.

Por otro lado, la Fiscalía ha resaltado que, dado que la magistrada actuó dentro de su responsabilidad, no se cumple el requisito de actuar "sin estar legítimamente autorizado" según el mismo artículo del Código Penal.

En cuanto a la alegación de prevaricación vinculada a dos de las decisiones de la jueza, la Fiscalía ha señalado que no corresponde a este procedimiento valorar si dichas resoluciones son correctas o no. Eso sería tarea del tribunal competente para abordar los recursos de apelación que la parte demandante ha decidido retirar.

A pesar de esto, la Fiscalía aclara que la decisión del órgano judicial, independientemente de si pudo incurrir en un error en la valoración de los hechos o en la aplicación de la ley, no puede considerarse como meramente arbitraria o fuera de lo jurídicamente aceptable. Asimismo, el fiscal asegura que el auto del 23 de junio de 2025 tampoco debe ser calificado como un delito de prevaricación judicial.

La Fiscalía también reconoce que la solicitud hecha por la jueza a las acusaciones para que se pronuncien sobre indicios de criminalidad podría parecer inusual en el contexto procesal actual. Sin embargo, aclara que tal requerimiento, en sí mismo, no alcanza a ser una contradicción en términos legales que justifique su consideración como injusto.