La Generalitat prevé implantar las 35 horas en 2027, con restricciones presupuestarias

La Generalitat Valenciana ha anunciado que comenzará las negociaciones para implementar la jornada laboral de 35 horas semanales en la administración pública a partir del 1 de enero de 2027. La decisión fue comunicada tras la reunión de la Mesa General de Negociación, que contó con la participación de altos cargos de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, y la presidió el propio conseller José Antonio Rovira.

El proceso implica negociaciones sectoriales en Sanidad, Educación, Justicia y Función Pública, en un contexto donde la Administración trabaja en informes de costes y viabilidad. La iniciativa responde a compromisos políticos, aunque con claros condicionantes presupuestarios y regulatorios, como la regla de gasto impuesta por el Estado y la Unión Europea.

El incremento en el gasto de personal, impulsado por recientes acuerdos salariales que suman un aumento acumulado del 6,5%, y el crecimiento de la plantilla, que ha aumentado en un 18,63% desde 2021, limitan la capacidad del gobierno para cumplir con la reducción de jornada sin ajustes previos. La Generalitat reconoce además que su financiación histórica es insuficiente, lo que complica la implementación de nuevas medidas laborales.

Desde los sindicatos, como UGT, se ha solicitado mayor rapidez y compromiso en la ejecución del plan, especialmente en Sanidad y Educación, donde la resistencia y la falta de acuerdo han retrasado el proceso. La administración ha evitado facilitar informes detallados sobre el impacto económico, lo que genera incertidumbre en el sector.

En el marco político, la propuesta refleja las tensiones entre el compromiso de campaña y las limitaciones presupuestarias. La falta de recursos y la necesidad de un fondo de nivelación transitorio convierten este cambio en un reto de gran escala para el Gobierno valenciano, que buscará equilibrar expectativas y realidad en los próximos años.

El futuro de la reducción de jornada en la administración valenciana dependerá del desarrollo de negociaciones y de la capacidad de la Generalitat para gestionar sus recursos. La implementación exitosa requerirá no solo acuerdo político, sino también un apoyo presupuestario estable y una estrategia clara para evitar nuevas tensiones laborales.