El 23 de enero de 2023, en Madrid, se ha desatado un nuevo escándalo en torno a la seguridad de datos gubernamentales. La Policía Nacional ha puesto en marcha una investigación tras la difusión de información personal de unos quince presidentes autonómicos y otros altos funcionarios mediante prácticas ilícitas en foros de cibercriminales.

Fuentes cercanas al caso informaron a Europa Press que, al igual que en incidencias anteriores, la investigación ha sido asignada a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional. Este órgano especializado tiene la tarea de abordar los delitos relacionados con la seguridad pública y la protección de datos en el ámbito gubernamental.

Esta alarmante situación se suma a un incidente reciente en el que se vieron involucrados altos cargos del Ministerio de Transportes, quienes fueron injustamente acusados por un hacker de ser responsables del fatal accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba. La gravedad de esta situación llevó a que los expertos en ciberseguridad de la Policía iniciaran una investigación para esclarecer los hechos.

Según el portal de noticias 'eldiario.es', la última filtración ha comprometido datos sensibles, como números de identificación, teléfonos, correos electrónicos y domicilios de figuras políticas como Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de Andalucía; e Imanol Pradales, lehendakari del País Vasco.

Además, se han revelado datos de otros líderes regionales, incluyendo a Jorge Azcón, presidente de Aragón; Juan Francisco Pérez Llorca, de la Comunitat Valenciana; Alfonso Fernández Mañueco, de Castilla y León; María Guardiola, presidenta en funciones de Extremadura; y María Chivite, presidenta de la Comunidad Foral de Navarra.

La filtración afectó, en total, a más de 47 altos funcionarios de diversas comunidades autónomas, lo cual refleja un preocupante patrón en el aumentode ataques cibernéticos a la administración pública.

En episodios anteriores, las autoridades lograron detener a varios jóvenes vinculados a filtraciones similares, donde se pusieron en riesgo datos de personalidades públicas, incluso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Estas acciones están sujetas a investigaciones en la Audiencia Nacional por delitos de ciberterrorismo, lo que pone de manifiesto la seriedad de la amenaza que representan estas prácticas delictivas en la esfera política.