ALICANTE, 11 de febrero.

La jueza responsable de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha iniciado este miércoles, 11 de febrero, un proceso preliminar para investigar la asignación de viviendas de protección pública (VPP) en el proyecto Les Naus ubicado en la Playa de San Juan.

Esta decisión judicial ha surgido tras la recepción de una denuncia que alega posibles delitos de prevaricación administrativa, uso indebido de información privilegiada, tráfico de influencias, fraude y negociaciones ilegales por parte de funcionarios públicos. Esta denuncia fue presentada la semana pasada por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias, y apunta a un grupo de nueve personas, entre las que se encuentran la exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante y otros empleados del ayuntamiento.

La magistrada ha solicitado que se integren los procedimientos abiertos en la Fiscalía de Alicante, con el objetivo de reunir todas las denuncias relacionadas con este caso en un único proceso judicial. Esto permitirá contar con una visión completa de los hechos en cuestión y garantizar la adecuada tramitación procesal, tal y como ha indicado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un comunicado oficial.

Es importante señalar que este caso surgió después de que se revelara que la reciente concejala de Urbanismo, Rocío Gómez, así como familiares de la exdirectora general María Pérez-Hickman y un arquitecto municipal, son algunos de los receptores de las VPP. Además, Miguel Ángel Sánchez ha dimitido de su puesto como jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, tras conocerse que una de las beneficiarias es la madre de sus hijos.