La Generalitat ha decidido presentar alegaciones a las propuestas de nuevas regulaciones del trasvase Tajo-Segura, argumentando que el agua es un recurso común y que no debe ser considerado un bien gratuito. Esta postura ha sido respaldada por los presidentes de Murcia y la Comunitat Valenciana, quienes se han alineado con los regantes y agricultores de sus territorios, así como con Andalucía, para enfrentar esta situación.

Fernando López Miras, presidente murciano, ha anunciado en una reunión con los regantes que la Generalitat movilizará todos los recursos disponibles, incluyendo apoyos sociales, políticos y legales, para oponerse a la reducción del trasvase, que ellos denominan un "hachazo" del 50%. A su juicio, esta medida resulta ilógica, especialmente para aquellas comunidades que se destacan por su buena gestión del recurso hídrico.

Durante su discurso en la Cámara de Comercio de Murcia, López Miras cuestionó las bases de esta reducción, sugiriendo que podría estar relacionada con promesas realizadas por el presidente Pedro Sánchez en actos de campaña en 2018. En este sentido, hizo un llamado al presidente del Sindicato Central de Regantes para que utilice todos los recursos a su disposición, subrayando que esta causa va más allá de los intereses partidarios, centrándose en la defensa de los derechos de Murcia.

Por su parte, Carlos Mazón, presidente de la Comunitat Valenciana, expresó su apoyo incondicional a los regantes de la región, defendiendo que sus demandas son para el beneficio común y no actitudes egoístas. Hizo hincapié en que el diálogo ha sido la clave para resolver problemas históricos en su región y destacó la capacidad de los agricultores y ganaderos para manejar y respetar el agua disponible.

Mazón también subrayó los esfuerzos de la Comunitat Valenciana en el ámbito de la reutilización del agua, afirmando que el 40% del agua utilizada proviene de este proceso, lo que les posiciona como un ejemplo a seguir. Además, insistió en que el agua del trasvase no es un recurso gratuito, recordando la solidaridad mostrada por su comunidad cuando se enfrentaron a la sequía en Barcelona el verano pasado.

El consejero andaluz de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, se unió a estas críticas, calificando la propuesta del Miteco como "injusta". señaló que el recorte del suministro de agua afectará negativamente el empleo en la agricultura de Almería y exigió una distribución equitativa del agua, enfatizando la necesidad de un enfoque que sirva a todas las comunidades, sin crear divisiones entre ellas.

Lucas Jiménez, presidente del Sindicato de Regantes, pidió a todos los sectores, incluyendo lo político, que colaboren en la defensa del trasvase Tajo-Segura, ya que consideran que lo más importante es asegurar un futuro viable para las familias de Murcia, Almería y Alicante. Además, anunció que su organización llevará sus reivindicaciones a todos los rincones y estará dispuesta a hacer lo mismo en Madrid si es necesario.

Desde la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España, su presidente, Juan Valero, también manifestó que el agua es un bien de todos los españoles y debe ser tratada como tal. Subrayó la importancia de que las decisiones sobre el agua se basen en criterios técnicos, no ideológicos, destacando que el trasvase no genera problemas significativos para quienes dependen de él.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, cerró el encuentro enfatizando que no se puede permanecer en silencio ante problemas que afectan a todos. Defendió que el objetivo no es privar a nadie del agua, sino hacer un uso efectivo del recurso disponible, y alertó que las propuestas del Miteco representan un duro golpe a las necesidades de su comunidad.

Los líderes de organizaciones empresariales de la Región de Murcia han coincidido en que el recorte del trasvase tendrá repercusiones devastadoras en el sector agrícola y ganadero, además de afectar a la economía en general.

En los días previos al evento, representantes del PSOE y Vox han expresado diferentes posturas. Joaquín Hernández, del PSRM, reiteró la necesidad de garantizar el trasvase, mientras que José Ángel Antelo, de Vox, calificó las nuevas regulaciones como una "traición" y exigió su paralización inmediata, reflejando así la polarización en torno a este crucial tema agrícola y medioambiental.