En un desarrollo reciente que ha capturado la atención de la política española, Salomé Pradas, quien ocupó el cargo de consellera de Interior y Justicia en la Generalitat Valenciana, decidió este lunes hacer uso de su derecho a no declarar en la comisión del Congreso. Esta comisión investiga la gestión del desastre natural conocido como la dana que afectó gravemente a la región el 29 de octubre de 2024, y Pradas se encuentra en el centro de una controversia, al ser imputada en el juzgado de Catarroja por su papel en dicha crisis.

La exconsellera, que comparte la imputación con Emilio Argüeso, el secretario autonómico de Emergencias en esos momentos, anunció su decisión de no responder a ninguna de las preguntas que le pudieran plantear los representantes de los diferentes grupos parlamentarios, a pesar de la insistencia de los mismos.

Este anuncio se produjo inmediatamente después de que la diputada de Compromís, Águeda Micó, le formulase una pregunta acerca de su preparación en gestión de emergencias en el momento en que asumió su cargo. Pradas justificó su silencio al informar que había seguido las recomendaciones de su equipo legal y enfatizó su derecho a la presunción de inocencia, al tiempo que expresó su respeto por el trabajo de la jueza Nuria Ruiz Tobarra, quien lleva a cabo la investigación sobre la gestión del desastre.

Además, la exconsellera intentó leer un documento que contenía reflexiones que, según ella, deberían ser consideradas por los miembros de la comisión al elaborar sus conclusiones. Sin embargo, la presidenta del órgano, Carmen Martínez Ramírez, del PSOE, le informó que el formato estipulado de la sesión no permitía la lectura de textos preparados, aunque se comprometió a recoger su documento y presentarlo a los grupos parlamentarios para su consideración.