Protesta exige responsabilidad para Mazón tras la dana: "Buscamos eliminar su aforamiento

El centro de Valencia se convirtió una vez más en el escenario de una manifestación convocada por las entidades más destacadas de víctimas de la dana, portando el lema 'Mazón a prisión'. Este sábado, los asistentes alzaron sus voces con el objetivo de asegurar que el ex presidente de la Generalitat no escape sin consecuencias y reafirmaron su compromiso de seguir movilizándose hasta obtener 'verdad, justicia y reparación'. Denunciaron también la protección legal que implica el aforamiento, argumentando que no hay justificación para el mismo dado el aparente desinterés de Mazón en su labor.

Esta fue la primera manifestación desde que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) decide por unanimidad no investigar al ex líder del Consell tras su actuación durante la dana del 29 de octubre de 2024. Según el tribunal, no se encontró un delito que justifique la investigación, ya que Mazón no tenía una obligación legal específica de garantizar la seguridad en ese contexto y no se ha probado su participación en el sistema de alertas. Pese a ello, el tribunal catalogó su comportamiento como 'reprobable' en términos sociales y políticos.

El tribunal en Catarroja que investiga el caso, ya ha citado a Carlos Mazón para que declare como testigo. Parte de la solicitud incluye que el ex presidente comparta un registro de sus comunicaciones del día de la dana, lo que ha renovado la esperanza entre las víctimas, que consideran este avance como un paso más en su incansable lucha por la justicia.

Mariló Gradolí, presidenta de la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre 2024, compartió ante los medios su opinión sobre la situación, exigiendo que quienes han sufrido la pérdida de más de 230 vidas tengan respuestas. Además, criticó la decisión del TSJCV de retornar la causa a la jueza como 'vergonzosa', cuestionando la falta de responsabilidad del ex presidente en un desastre de tal magnitud.

Gradolí agregó que la prórroga de seis meses en la investigación representa un avance significativo en su búsqueda de claridad y justicia, reafirmando su determinación de no aceptar un final sin respuestas. "No dejaremos de buscar la verdad, porque nuestra razón es fuerte y nuestra paciencia inquebrantable," afirmó.

En la misma línea, Rosa Álvarez, presidenta de la Associació de Víctimes Mortals DANA, enfatizó la urgencia de que Mazón no mantenga su estatus de aforado. Criticó al TSJCV y expresó su preocupación por lo que perciben como desinterés en su labor, dando un fuerte mensaje de que continuarán luchando insistentemente por la justicia y el reconocimiento que merecen.

Álvarez también manifestó la 'perplejidad' que sienten las víctimas ante la decisión del tribunal, señalando que la jueza actúa respaldada por la Audiencia Provincial. "Trabajaremos incansablemente porque perder a nuestros seres queridos no puede ser en vano," manifestó con firmeza.

El dolor y la pérdida sigue siendo palpable para muchos, como explicó Álvarez, que denunció la gran cantidad de vidas que se perdieron injustamente. Resaltó la importancia de recordar y honrar a quienes han sido afectados, lamentando que estas tragedias invisibilizan el sufrimiento diario de las familias.

En representación de la Asociación de Damnificados Dana-L'Horta Sud, Elizabeth González afirmó que no puede ser aceptable que tras múltiples declaraciones, Mazón mantenga su situación privilegiada. Prometió que seguirán apoyando a la jueza en su labor y no se detendrán hasta encontrar un desenlace justo.

La marcha se encaminó hacia la Plaça de la Mare de Déu, donde los manifestantes coreaban consignas como 'No son muertos, son asesinados'. Con pancartas que exigían más justicia y menos engaños, reafirmaron su determinación por no ser olvidados y continuar su búsqueda de respuestas por un evento que dejó una herida profunda en la sociedad valenciana.

El manifiesto leído al final de la marcha enfatizó que llevaban 17 meses luchando contra la "negligencia" que convirtió un desastre natural en una tragedia humana. Subrayaron que podrían haber salvado 232 vidas si las autoridades hubieran actuado de manera adecuada. Con un claro mensaje a la administración, demandaron que Mazón, quien todavía mantiene su acta como diputado, asuma las consecuencias de sus acciones durante la crisis.

Finalmente, condenaron la falta de transparencia en las instituciones gubernamentales, haciendo un llamado a priorizar el bienestar de la población sobre intereses económicos. Exigieron un reconocimiento del sufrimiento que continúa, reafirmando que su lucha no cesará hasta que se haga justicia.