VALÈNCIA, 11 Ene. - En un giro reciente de los acontecimientos, el portavoz del Grupo Socialista en las Corts Valencianes, Rafa Simó, ha dado la voz de alarma sobre lo que califica como un "escándalo financiero" vinculado a las concesiones sanitarias otorgadas en 2025. Según Simó, estas concesiones fueron aprobadas por el Gobierno de Carlos Mazón sin esperar el análisis del Consell Jurídic Consultiu y en contra de lo indicado por la Viceintervención General de Asistencia Sanitaria, tal como se detalla en el último informe de la Sindicatura de Comptes.

Simó no escatima en sus críticas, asegurando que lo que ha sucedido es "irregular" y no se quedará sin respuesta. Ha exigido la comparecencia del conseller de Sanidad, Marciano Gómez, para que explique cómo se proporcionaron "decenas de millones" a empresas que gestionan la sanidad en la Comunidad Valenciana, sugiriendo que estos fondos fueron mal utilizados durante la serie de crisis provocada por la Covid-19.

El diputado socialista planea solicitar acceso a toda la documentación relacionada con las liquidaciones anuales de varias concesiones sanitarias, alegando que estas decisiones han beneficiado de manera desproporcionada a las empresas privatizadoras. Simó describe estas concesiones como un "traje a medida" que favorece a unos pocos a expensas del erario público.

La estrategia de comunicación del Gobierno del PP, que incluye a Mazón y Gómez, es objeto de escrutinio por su "cinismo", según Simó. Critica que hayan presumido de firmar liquidaciones, ignorando que ofrecieron precios inflados a las empresas concesionarias, lo que ha evitado que estas impugnen dichas liquidaciones.

El representante socialista contó que, como indica la Sindicatura, las liquidaciones anuales incurren en costos de atención sanitaria exagerados, especialmente debido al aumento del gasto a raíz de la pandemia. Esta situación, argumenta, fue un factor que debería haber llevado a un análisis más exhaustivo y cauteloso por parte del Consell antes de tomar decisiones que afectan el futuro financiero de los valencianos.

Simó también subraya que la situación se complicó a causa del aumento del gasto en los años 2020 y 2021, debido a la pandemia. Describió el riesgo de un "enriquecimiento injusto" de las empresas concesionarias, algo que podría llevar a futuros complicaciones administrativas. Por ello considera crucial que se consulte con el Consell Jurídic Consultiu antes de proceder con tales liquidaciones.

El diputado afirma que la Intervención había aconsejado ajustar las liquidaciones en función de los gastos extraordinarios provocados por la crisis sanitaria, advirtiendo que seguir adelante sin la aprobación del CJC podría resultar en una serie de problemas legales complicados para la administración.

Desde la otra cara de la moneda, Nieves Martínez, portavoz de Sanidad del Grupo Popular, sostiene que todas las liquidaciones han sido realizadas siguiendo "criterios técnicos y objetivos", defendiendo la gestión del Consell y argumentando que se ha tratado de cumplir con responsabilidades administrativas y legales. Según ella, las decisiones fueron tomadas dentro del marco legal establecido por el CJC.

Martínez señala que ha sido necesario liquidar ejercicios pendientes y que el papel de la Intervención ha sido favorable en todo momento. Destacó que la administración ha actuado con transparencia, buscando siempre defender los intereses financieros de la Generalitat y, por ende, de los ciudadanos valencianos.

La portavoz popular asegura que la determinación de los pagos a las concesionarias es un proceso completamente objetivo y técnico, comparando la actual gestión con la de años anteriores, sugiriendo que se han manejado con mucha más eficacia en este corto periodo legislativo.

Concluyendo su defensa, Martínez afirmó que las acusaciones del PSOE son meras críticas infundadas y que no hay indicios de irregularidades en la gestión actual, atribuyendo este revuelo político a un intento por desacreditar el trabajo realizado por su partido en el ámbito de la sanidad pública valenciana.