PSPV denuncia la circular de Sanidad por obstaculizar la regularización migrante

El PSPV ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por una circular de Sanidad que, según el partido, busca bloquear la regularización de migrantes en la Comunitat Valenciana. Esta circular fue enviada por la Dirección General de Atención Primaria y se interpretó como una instrucción para impedir el acceso a documentación esencial para demostrar el arraigo.

El contexto político revela tensiones entre el gobierno autonómico y el PSPV, en medio de acusaciones de boicot y de decisiones que afectarían derechos fundamentales. La circular, que en un principio se consideró un borrador en proceso de revisión, ha generado dudas sobre la intención real del departamento de Sanidad, en un momento en que se impulsa la regularización de más de un millón de migrantes en la comunidad.

Las implicaciones de esta denuncia apuntan a posibles delitos administrativos y de discriminación, además de un posible acto de odio. La denuncia solicita que la Fiscalía investigue no solo al director general que firmó la circular, sino también a cualquier otra persona con conocimiento de los hechos, insinuando un posible encubrimiento o coordinación en decisiones que afectan a un colectivo vulnerable.

Desde el ámbito político, la oposición cuestiona la gestión del conseller Marciano Gómez, y demanda que se esclarezca si la circular fue una acción unilateral o si responde a órdenes superiores. El PSPV denuncia un posible mal funcionamiento en la estructura de la Conselleria, además de una línea política que favorece posturas restrictivas y racistas, alineadas con ciertos discursos de la ultraderecha.

El debate refleja una estrategia política más amplia, que enfrenta a los partidos del gobierno con la oposición respecto a la protección de derechos y la gestión de la inmigración. La comunidad valenciana mantiene un volumen importante de población migrante, y la regulación de estos derechos continúa siendo un asunto central en el escenario político autonómico y estatal.

De cara al futuro, esta denuncia puede marcar un punto de inflexión en la fiscalización de decisiones administrativas en Sanidad y en la protección de los derechos de los migrantes. La investigación podría tener repercusiones en la línea política del gobierno valenciano y en la percepción pública sobre la gestión de la regularización y los derechos humanos en la comunidad.