El debate sobre la situación de la vivienda en la Comunitat Valenciana ha cobrado fuerza, con líderes sindicales y organizaciones vecinales pidiendo a la Generalitat que impulse un significativo pacto de estado para abordar el problema de los precios en el mercado inmobiliario.

En una reciente rueda de prensa, representantes de los sindicatos UGT-PV y CCOO PV, junto a la Confederación de Asociaciones Vecinales de la Comunitat Valenciana (CAVE-COVA), hicieron un llamado a la administración autonómica para que eleve la inversión en vivienda pública a un 2% del PIB. Según afirmaron, es urgente implementar la Ley de Vivienda estatal en la comunidad para mejorar las políticas públicas en este ámbito y hacer frente a la crisis habitacional.

Los sindicatos, liderados por Ana García de CCOO PV y Toni Calero de UGT-PV, presentaron el manifiesto titulado "Por una vivienda para una vida digna: un derecho de la ciudadanía". Esta iniciativa se enmarca dentro de la campaña "Habitatge Digne: Un dret de la ciutadania", que se lanzará en octubre con detalles que se anunciarán en septiembre.

Calero advirtió sobre el grave déficit en el acceso a la vivienda en la región, señalando que la construcción ha caído drásticamente, de 75,000 viviendas anuales en el 2000 a apenas 12,000 en años recientes. Esta tendencia se traduce en que muchos ciudadanos destinan entre el 40% y el 60% de su ingreso a la vivienda, cuando lo ideal sería que este porcentaje no superara el 30%.

Ana García resaltó otro aspecto preocupante: el aumento del alquiler en la región, que ha crecido un 139% en la última década. El precio medio del metro cuadrado ha escalado a 12,3 euros, haciendo que muchos alquileres superen los 1,200 euros mensuales, lo que resulta inalcanzable incluso para quienes ganan el salario mínimo interprofesional.

El manifiesto destaca la vulneración del derecho a una vivienda digna, afectando especialmente a aquellos más necesitados, como las familias que sufrieron los estragos de la DANA en octubre de 2024. García denunció que las ayudas de alquiler son insuficientes para asistir a estas familias a encontrar un hogar en sus propios municipios.

Los firmantes del documento solicitan una revisión y aumento en las partidas presupuestarias para vivienda, sugiriendo que la inversión pública debería alcanzar al menos 2,760 millones de euros. Apuntan a la necesidad de aumentar el parque de vivienda pública, actualmente reducido al 2%, muy por debajo de la media europea de 9.3%.

Calero subrayó que incrementar el parque de vivienda pública es esencial para ofrecer opciones accesibles tanto para compra como para alquiler, sugiriendo también la compra de vivienda privada por parte del gobierno para destinarla a alquiler social y la reparación de viviendas vacías.

García también señaló que la Comunitat Valenciana alberga un elevado número de viviendas vacías, estimando el 14% en 2021, una cifra que probablemente ha crecido. Aboga por rehabilitar estos espacios en lugar de centrarse exclusivamente en la construcción de nuevas viviendas.

El presidente de CAVE-COVA enfatizó la urgencia de establecer un pacto de estado que contemple la implementación de la Ley de Vivienda estatal en la comunidad, mencionando que, en un contexto donde el 30% de las transacciones inmobiliarias son realizadas por extranjeros, es crucial regular el mercado local para limitar el incremento de los precios.

García hizo eco de esta necesidad, declarando que el gobierno valenciano posee una herramienta eficaz para controlar los precios mediante la ley estatal de vivienda. Para ello, exigen su inmediata aplicación.

Los sindicatos también abogan por el uso del derecho de tanteo y retracto para la adquisición prioritaria de propiedades, así como la eliminación de descalificaciones en viviendas de protección oficial. Adicionalmente, reclaman la creación de programas de ayuda estructural dirigidos a jóvenes y la regeneración de barrios vulnerables.

Caballero subrayó la falta de opciones de vivienda de emergencia para reubicar a familias desalojadas, mencionando que el 23.7% de la población en Valencia se siente vulnerable. El aumento de los precios de la vivienda y el alquiler exacerba esta vulnerabilidad, lo que podría llevar a que algunas áreas urbanas se conviertan casi en guetos.

Los pequeños propietarios, según Caballero, tienen miedo de alquilar por temor a ocupaciones ilegales, dejando espacio a grandes tenedores que, en ocasiones, desplazan a los inquilinos por motivos comerciales, como convertir propiedades en alojamientos turísticos.

El manifiesto también aborda la necesidad de regular los alquileres turísticos, que han aumentado un 19% en el último año, afectando considerablemente al mercado de vivienda residencial. García indicó que la proliferación de estos alquileres está modificando la naturaleza de los barrios, con un impacto directo en el comercio local y la convivencia vecinal.

Los sindicatos y CAVE-COVA quieren destacar que no solo detectan los problemas, sino que buscan activamente soluciones que reconozcan la vivienda como un "Derecho Fundamental". Insisten en que es momento de que esta cuestión permanezca en la conversación pública, ya que el futuro de muchas familias depende de ello.