La magistrada de apoyo ocupará, en el interín, las funciones habituales del juzgado.

VALÈNCIA, 18 de marzo.

Este martes, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado el visto bueno a una iniciativa que busca fortalecer el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, en Valencia, que actualmente investiga los sucesos acaecidos el 29 de octubre.

Dicha iniciativa implica la asignación temporal de una magistrada quien, al asumir las funciones ordinarias del juzgado, permitirá que la actual magistrada se centre exclusivamente en llevar a cabo las diligencias previas 692/2024 relacionadas con la gestión de los efectos de la dana mencionada.

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana había solicitado esta medida de refuerzo el pasado 26 de febrero. Durante el proceso de aprobación, el CGPJ ha analizado un informe del Servicio de Inspección, que concluyó favorablemente, revelando que el juzgado ha presentado una carga de trabajo del 177% en 2022, del 129% en 2023 y del 143% en 2024.

Conforme a la normativa vigente, también se obtuvo la autorización económica necesaria del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la cual ha sido concedida sin objeciones.

Inicialmente, esta medida de apoyo estará vigente hasta el próximo 30 de junio. Durante este tiempo, la magistrada titular dará prioridad a la tramitación de las mencionadas diligencias y al servicio de guardia, mientras que la magistrada en comisión de servicio, actualmente en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ontinyent, asumirá las funciones diarias del juzgado de Catarroja.

Si se determina la necesidad de prorrogar esta medida, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana deberá enviar su propuesta al CGPJ con al menos cuarenta días de antelación a la fecha de finalización de la misma.

El artículo 216 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial otorga al CGPJ la responsabilidad de tomar decisiones sobre los refuerzos en la gestión de los órganos judiciales, permitiendo la asignación de jueces y magistrados de otros juzgados a través de comisiones de servicio.

Además, en su quinto apartado, el mismo artículo especifica que cualquier medida de apoyo requiere la aprobación previa del Ministerio de Justicia, que solo podrá rechazarla por motivos relacionados con la disponibilidad presupuestaria.