El exsuegro de Marcos Benavent, Mariano López, acusado de mediar para que la extinta empresa pública Imelsa adjudicara el 'Call center' a la mercantil Servimun S.L., ha declarado ante el tribunal que no tiene nada que ver con la empresa y que sólo trabajó para ella como asesor externo. Ha explicado que se enteró de la existencia del contrato del 'Call center' cuando Salvador Deusa, responsable de área de la Diputación de Valencia en diciembre de 2012 que suscribió el contrato con Servimun, le pidió ayuda porque se lo habían adjudicado. López ha aclarado que nunca medió en la adjudicación del contrato ni cobró por ello.

Además, López ha indicado que pactó una serie de servicios para Deusa y unas contraprestaciones. Según explicó, él se ocupaba del día a día y la puesta en marcha del 'Call center' y Deusa le pidió ayuda porque no conocía Valencia. Para ello, creó una sociedad técnica y puso como administradora a su cuñada mientras él se ocupaba de todo, ya que tenía deudas y no podía figurar.

Por otro lado, López ha sido preguntado por los audios que dieron origen al caso. Ha señalado que los encontró en el disco duro externo de su ordenador, que estaba en casa de su hija después de haberse separado de Benavent. López ha explicado que los llevó a la Fiscalía Anticorrupción para hacer daño a Benavent, porque ésta era una venganza del 'yonki del dinero'.

Mientras tanto, el expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus se ha desvinculado del contrato del 'Call center' y ha apuntado a los técnicos. Según ha indicado en su declaración en el juicio que se sigue contra él y otras seis personas más por la pieza D del caso Imelsa, relativa al 'Call center', en ese momento había 180.000 recibos por cobrar de un Consorcio relacionados con la basura y comentó que si realmente era necesario dar ese servicio a los ayuntamientos debían hacer los cobros, interesase o no económicamente.

Según ha indicado Rus, no habló de la licitación ya que eso lo hacen los técnicos y nadie más. Tampoco habló con Salvador Deusa, responsable de área de la Diputación de Valencia en diciembre de 2012 que suscribió el contrato con Servimun, según ha manifestado. Rus ha negado que hayan sido ciertos los hechos que se le atribuyen y ha explicado que Imelsa se hizo cargo del 'Call center' para agilizar el trabajo de la Diputación.

La Fiscalía Anticorrupción acusa a Rus de los delitos continuados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias y le pide ocho años de prisión. Los otros cinco acusados en esta pieza --bien como autores directos o como cooperadores necesarios-- están acusados de delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y/o blanqueo de capitales. Entre ellos está el exsuegro de Benavent, para el que el fiscal reclama 13 años de prisión.