El Gobierno de España ha implementado un ambicioso plan de ayudas económicas destinado a revitalizar el sector automovilístico y apoyar a las empresas afectadas por la reciente DANA. En un anuncio realizado este miércoles, el presidente Pedro Sánchez ha confirmado un nuevo paquete de 2.274 millones de euros que contempla 60 iniciativas con el objetivo de devolver la normalidad a las áreas impactadas por el desastre natural.

Durante su intervención ante el Congreso, Sánchez ha detallado que este paquete será debatido y aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario que se llevará a cabo el jueves. Un componente clave de este plan es la asignación de 465 millones de euros específicamente destinados a la renovación de vehículos dañados, que incluirá ayudas directas y a fondo perdido de hasta 10.000 euros para la compra de automóviles. Esta subvención será compatible con las indemnizaciones ya comenzadas por el Consorcio de Compensación de Seguros.

Es relevante señalar que los vehículos que se podrán adquirir no tienen que ser necesariamente nuevos, incorporando de manera retroactiva aquellos que se hayan adquirido desde el 29 de octubre como reemplazo de autos que sufrieron daños. Este aspecto busca facilitar el proceso de recuperación para quienes han visto mermada su movilidad.

En una muestra de apoyo a los emprendedores y pequeñas y medianas empresas, el Gobierno también activará una nueva línea de financiación de 1.200 millones de euros. Este fondo está diseñado para permitir a autónomos y empresas industriales reparar sus instalaciones, mejorar sus equipos y realizar nuevas inversiones que fortalezcan su operatividad tras la crisis.

El plan incluye mecanismos de financiamiento preferente para acelerar las operaciones de reconstrucción y mejorar las capacidades tecnológicas en las regiones afectadas. Además, se destinarán 240 millones de euros para impulsar el comercio local, así como una línea del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) que ayudará a las empresas a internacionalizar sus negocios.

Otro aspecto significativo del paquete es la oferta de préstamos bonificados de hasta seis millones de euros para las pymes que busquen adquirir tecnología y maquinaria avanzada, con un total de 300 millones asignados a esta medida. De esta manera, el Gobierno busca fomentar la modernización del tejido productivo nacional.

Asimismo, se ha previsto una asignación de 19 millones de euros para ayudar a las familias y estudiantes de las localidades afectadas, destinada a cubrir gastos como la compra de libros de texto y otros materiales educativos.

Por otro lado, el presidente ha manifestado que se reconocerá el derecho a que personas ajenas a los convivientes puedan acceder a ayudas por fallecimiento, así como la posibilidad de que los familiares de las víctimas reciban compensaciones por daños en su vivienda. También se extenderá hasta finales de diciembre la consideración de situación asimilada a accidente laboral para quienes sufran incapacidad temporal o permanente a raíz de la DANA.

Los autónomos también recibirán apoyo, ya que se ampliará la prestación por cese de actividad a todos aquellos que estén bajo la tarifa plana de cotización. Además, se implementará un nuevo régimen que activará protocolos de emergencia dentro de las empresas, asegurando que los representantes de los trabajadores participen en el proceso.

El presidente ha subrayado que, desde el inicio de la crisis, se han gestionado ayudas y paquetes de respuesta rápida cifrados en 14.373 millones de euros, lo que representa más de la mitad del presupuesto anual de la Generalitat Valenciana y cerca del 1% del Producto Interno Bruto de España.

Hasta el momento, se han tramitado más de 273.600 solicitudes de indemnización, con 60 millones de euros ya distribuidos entre hogares, autónomos y empresas. Según las previsiones del Gobierno, se espera que la próxima semana se transfieran otros 160 millones, acelerando así el ritmo de la distribución de ayudas durante el mes de diciembre.

El presidente ha enfatizado que el esfuerzo del Gobierno no solo se centra en movilizar recursos, sino también en acelerar los procesos legales necesarios para ofrecer la ayuda de manera efectiva a todos los afectados por esta crisis desoladora.