VALENCIA, 4 de noviembre. Un sargento del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia compareció ante la jueza encargada de investigar la gestión de la devastadora riada ocurrida durante la DANA, la cual dejó 229 fallecidos en la provincia. Según su testimonio, el monitoreo de ríos y barrancos es competencia del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), mencionando que el día del desastre, los bomberos se retiraron del barranco del Poyo tras medir los niveles de agua y sin recibir instrucciones para permanecer en el lugar. "Ese día, Emergencias debería haber dado órdenes más claras", afirmó.

Durante su declaración como testigo en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, el sargento expuso cómo se llevó a cabo la movilización de los bomberos forestales para vigilar los cauces el día de la tormenta, en respuesta a solicitudes recibidas del CCE. Este proceso de investigación implica a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y a su antiguo número dos, Emilio Argüeso.

El sargento, que actualmente trabaja en el Parque de Gandía, detalló cómo recibió en la mañana del 29 de octubre una solicitud de un técnico de Emergencias para enviar bomberos forestales a varias ubicaciones, incluyendo el área del Río Magro y los torrentes de Paiporta y Picanya, para controlar las crecientes en el barranco del Poyo.

De inmediato, el sargento consultó la situación con un técnico forestal, ya que necesitaba autorización para actuar. "No conocía las cuencas, así que a petición del técnico, envié a equipos a medir el Río Magro. Luego, estuvimos en Riba-roja y Carlet, donde notamos una crecida significativa", recordó.

El testimonio continuó relatando cómo los bomberos realizaron mediciones y posteriormente regresaron a la primera zona observada, donde informaron que los niveles de agua habían disminuido casi a la mitad, solicitando nuevas instrucciones. "Había muchas vidas en riesgo y se ordenó que regresaran a la base en Yátova, quedando a la espera de nuevas asignaciones", dijo el sargento.

Cando se le preguntó sobre la decisión de desactivar la vigilancia, el testigo afirmó que Emergencias "nunca" comunicó que los bomberos debían permanecer supervisando. "La orden debió haber sido más explícita", añadió.

"Los bomberos forestales informaron y culminaron su operación a través de un canal de radio que era monitoreado por el CCE. También había un operador dedicado a esa tarea, y se esperaba que estuviese atento a las comunicaciones", destacó.

El sargento insistió en que el CCE debería haber proporcionado orientaciones claras sobre el tiempo de permanencia de los bomberos en los cauces. "En ningún momento se volvió a consultar sobre la vigilancia de los barrancos, y una de las funciones fundamentales del CCE es hacer un análisis de estas situaciones", comentó.

También hizo hincapié en que, conforme al Plan de Inundaciones, el CCE tiene la responsabilidad de realizar un seguimiento adecuado de los cauces y barrancos, y que son ellos quienes deben solicitar la movilización de los recursos necesarios.

En su declaración, el sargento aclaró que solo se actuó con los bomberos forestales y no con el total de las 400 brigadas BRIFO, como era necesario, ya que tales movilizaciones deben ser solicitadas por el ‘112’ y no pueden ser iniciadas por los propios bomberos.

Respecto a las mediciones en el barranco del Poyo, el sargento explicó que se realizaron en dos puntos, aunque no se obtuvieron datos en uno de ellos. "Los bomberos salieron de la base a las 13:05 y concluyeron a las 14:50, pero no tengo un registro preciso del tiempo que tomaron para llegar al lugar de medición", añadió.

Por último, cuando se le consultó si José Miguel Basset, el exinspector jefe del cuerpo, estaba presente en el centro ese día, el sargento respondió: "No recuerdo si estaba allí. Él tenía su oficina en la planta baja y sé que luego se trasladó al Cecopi. Es posible que subiera a la central y no me percatara".