La reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha marcado un importante hito en la respuesta del Gobierno ante la devastadora Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que ha asolado amplias regiones de nuestro país. Este jueves se ha dado a conocer la declaración de varias zonas gravemente afectadas por esta emergencia, que incluye territorios de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Baleares, Cataluña y Aragón, con efecto inmediato.

El real decreto, firmado por Félix Bolaños, quien ocupa el cargo de ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, establece que será el Estado el responsable de asumir la reparación de los daños materiales ocasionados por el temporal, además de coordinar las ayudas hacia los ciudadanos y las empresas afectadas. Este enfoque busca no solo reparar los daños, sino también ofrecer un apoyo sólido a aquellos que han visto cómo sus vidas se vieron drásticamente alteradas por la situación.

Desde el Consejo de Ministros, se aprobó el 5 de noviembre de 2024 un acuerdo que formaliza la designación de las áreas perjudicadas como 'Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil'. Esta declaración responde a las dificultades enfrentadas por numerosos municipios debido a las intensas condiciones climáticas experimentadas entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, un periodo que dejó huella en la península y las islas Baleares.

Como parte de esta declaración, se ha anunciado un ambicioso paquete de medidas económicas que asciende a 10.600 millones de euros, destinado a mitigar los estragos causados por la DANA. Este conjunto de medidas no solo incluye ayudas directas, sino también iniciativas fiscales y laborales, así como líneas de avales respaldadas por el Gobierno diseñadas para apoyar a pymes, autónomos y familias que ahora enfrentan gastos extraordinarios como resultado de esta catástrofe natural.

Estas acciones se inscriben dentro del denominado 'Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento de la Comunitat Valenciana', que busca revitalizar la región afectada y se prevé que será presentado ante el Congreso para su ratificación en un esperado debate público. Se estima que las medidas impactarán positivamente en 78 municipios, siendo la mayoría de ellos ubicados en la Comunidad Valenciana, con 75 en la provincia de Valencia, 2 provenientes de Castilla-La Mancha y 1 de Andalucía.