La Fiscalía Anticorrupción reclama duras penas para los acusados en el caso del cártel del fuego, con 21 años de cárcel para Serafín Castellano y más de 33 años para el empresario Vicente Huerta.

MADRID, 22 Sep.

La Audiencia Nacional comenzará el juicio este lunes contra Serafín Castellano, exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exconsejero del PP, en relación con presuntos amaños en contratos para la extinción de incendios en el caso conocido como cártel del fuego.

El juez instructor propuso juzgar a una treintena de personas en 2022 por prácticas corruptas para alterar los procesos de contratación pública, involucrando a empresarios de la navegación aérea, autoridades y funcionarios.

La Fiscalía Anticorrupción propone el juicio de 17 personas en este caso, solicitando el sobreseimiento provisional para otros quince por falta de pruebas suficientes.

Se pide una pena de 21 años de prisión para Serafín Castellano por varios delitos, y de 33 años y 6 meses para el empresario Vicente Huerta, además de multas millonarias.

Los acusados habrían llevado a cabo conductas ilícitas entre 1999 y al menos 2018 en contrataciones públicas del sector de la navegación aérea, principalmente en la extinción de incendios forestales.

Según la investigación, otros cargos públicos habrían participado en el cártel, incluyendo a Vicente Bosca Calafat, Ramon Dinares Bosque, Francesc Xavier Palmés i Cosidó y Manuel Bosch Serch.

El juez jubilado Manuel García Castellón señaló que el cártel del fuego habría favorecido a personas y empresas concertadas, incrementando el gasto de forma indebida y manipulando contratos para beneficiar a determinadas entidades.

El ex alto cargo valenciano habría recibido regalos por un valor superior a los 163.736,02 euros, según las investigaciones.

Los empresarios implicados habrían dividido geográficamente el mercado de contratación pública y establecido reuniones para pactar las empresas que concurrirían en cada zona, así como las compensaciones económicas dentro del cártel.

Se señala que los presuntos amaños no se limitaron a España, extendiéndose a otros países y generando aumentos en los precios de licitación en algunos concursos.

En la Comunidad Valenciana, se habrían concertado contratos por más de 151 millones de euros entre 1999 y 2017, principalmente a favor de AVIALSA, empresa vinculada a Vicente Huerta.

La presunta corrupción implicaría entrega de dádivas y regalos a funcionarios y autoridades para generar actitudes clientelares en la administración del sector.

Se habrían realizado entregas de dinero y regalos como vehículos, cacerías, armas de fuego, joyas y estancias en hoteles a funcionarios y autoridades en la Comunidad Valenciana y Cataluña, según el juez.

Los hechos podrían constituir delitos de cohecho, organización criminal, falsedad documental, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y otros, según el juez instructor.