Las organizaciones sindicales Intersindical Valenciana, CNT, CGT y COS han presentado una serie de exigencias urgentes para el reconocimiento de las víctimas de la tragedia ocurrida hace siete meses en la provincia de Valencia, entre ellas las pérdidas humanas y las incapacidades permanentes de quienes han sufrido el impacto de este desastre natural.

El 29 de mayo, estas agrupaciones han convocado una huelga general en todos los centros de trabajo y estudio, recordando que desde el 29 de octubre se ha estado viviendo una situación dolorosa que no se resolverá hasta que se asuman las responsabilidades pertinentes por los errores cometidos. Según han expresado, “es imprescindible que quienes actuaron de forma negligentemente criminal respondan por sus acciones”.

En una rueda de prensa celebrada el viernes, los representantes de estos sindicatos han enfatizado la necesidad de que se reconozcan las víctimas "in itinere" provocadas por el temporal y que los trabajadores que han perdido a un ser querido tengan acceso a una pensión vitalicia si solicitan una incapacidad permanente absoluta. También exigen que aquellas personas que se han visto afectadas por los ERTES como consecuencia de la dana perciban el salario completo.

Asimismo, han solicitado "reparación y justicia para todas las víctimas" de las inundaciones, además de demandar la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, exigiendo que su salida conduzca a un reordenamiento del Consell. “Este es un paso necesario para comenzar a sanar las heridas de las víctimas”, han apuntado.

Los sindicatos han invitado a la sociedad, especialmente a los trabajadores y a los demás sindicatos, a que se unan a la huelga general del 29 de mayo, promoviendo activamente la movilización en comunidades y centros laborales. “Es esencial que todos apoyemos esta causa”, indican.

También han señalado a Carlos Mazón como el “máximo responsable” de las muertes ocasionadas por el temporal, aunque reconocen que no es el único culpable, dirigiendo sus críticas hacia una parte del sector empresarial que, según ellos, ocultó la información sobre los riesgos climáticos a sus trabajadores, impidiendo que pudieran actuar con precaución.

Han destacado que esto representa un verdadero peligro para la vida y la salud de las trabajadoras y trabajadores, y han recordado que ha habido víctimas que todavía no han sido reconocidas formalmente por la Generalitat. Por ello, exigen que haya "responsabilidades penales por las muertes ocurridas en el contexto laboral durante la dana".

El manifiesto preparado por Intersindical Valenciana, CNT, CGT y COS también aboga por un permiso retribuido sin límite de días en situaciones de alerta meteorológica y riesgo de inundaciones, reflejando la necesidad de una estructura más solidaria y preventiva.

Por otro lado, critican que en el evento del 29 de octubre se ignoraron advertencias científicas sobre el impacto del cambio climático, promoviendo en su lugar el “negacionismo” y priorizando intereses económicos sobre la seguridad de las personas.

Los sindicalistas también mencionan que la reconstrucción de las áreas afectadas debe llevarse a cabo bajo un nuevo enfoque, evitando repetir errores del pasado. Reclaman un proceso participativo para garantizar que la reconstrucción fortalezca a la sociedad en lugar de seguir el mismo camino que llevó a esta tragedia.

Desde estas organizaciones, se ha subrayado la importancia de la unidad entre sindicatos y la sociedad civil en estos momentos críticos. “Es fundamental que trabajemos juntos para no dejar solos a quienes fueron impactados por la dana”, han declarado con firmeza.

Al abordar la participación de otros sindicatos como UGT y CCOO en la convocatoria de huelga, la portavoz de Intersindical Valenciana, Beatriu Cardona, aseguró que han tenido un compromiso activo desde el primer momento después de la dana y están abiertos a colaborar con otros grupos. Sin embargo, ha dejado claro que no hablará en nombre de otros, subrayando que la unidad es clave para el éxito de esta movilización.

También han planteado otras demandas durante la huelga, como la reducción de la jornada laboral a 32 horas y la reversión de privatizaciones para reforzar los servicios públicos, asegurando que estos estén mejor preparados para futuros desastres. Además, buscan mejorar las condiciones laborales en el sector público y recuperar el poder adquisitivo de los salarios, junto con una regulación eficaz del mercado de la vivienda y alternativas habitacionales para las familias damnificadas.