La jueza de Catarroja está recibiendo elogios por su dedicación y esfuerzo en una investigación crucial relacionada con las trágicas muertes ocasionadas por las inundaciones en la región de Valencia.

La asociación SOS Desaparecidos anunció que se presentará el próximo lunes en el juzgado de Catarroja para actuar como acusación particular en representación de 70 víctimas fatales, respaldadas por más de 170 familiares. Esta acción representa una parte significativa de las víctimas en esta tragedia y también se incluirá una querella en Hellín, Albacete, por los fallecidos en la localidad de Letur.

El presidente de la asociación, Joaquín Amills, enfatizó que el 29 de octubre debe ser un punto de inflexión, señalando claramente que no puede haber justificación para lo sucedido. Aseguró a los familiares de las víctimas que están comprometidos con la búsqueda de verdad y justicia para honrar la memoria de quienes perdieron la vida.

La acción legal de SOS Desaparecidos buscará imputar a funcionarios públicos que pudieran estar involucrados en lo que consideran "homicidios imprudentes" como resultado de la gestión de las inundaciones. Específicamente, en Catarroja se pedirá que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, comparezca como testigo en el proceso.

La normativa de la Generalitat valenciana permite al presidente declarar una situación de emergencia catastrófica en caso de ser necesario, como parte de su responsabilidad en la gestión de crisis, algo que algunos críticos consideran que no se hizo a tiempo en esta ocasión.

José María Gil, experto de SOS Desaparecidos, denunció lo que califica como "negligencia" por parte de la Generalitat, afirmando que muchas de las muertes eran evitables. Resaltó que, antes del día de la tragedia, ya había indicios claros que justificaban una alerta inmediata, la cual lamentablemente llegó con un retraso significativo.

Además, Gil criticó la falta de comunicación entre las administraciones locales, sugiriendo que las autoridades actuales se han comportado como si existiera una especie de "omertà" al negarse a facilitar información esencial a los peritos. Como resultado, la jueza Nuria Ruiz deberá intervenir para obtener la documentación que les ha sido denegada, y no se descartaría solicitar la declaración de otros funcionarios públicos relacionados con el caso.

A pesar de estas críticas, Gil aplaudió el trabajo de la jueza de Catarroja por su seriedad y compromiso en lo que considera una de las investigaciones más serias en España en décadas respecto a la gestión de emergencias. Manifestó su confianza en que se hará justicia.

Con relación a la situación en Letur, Gil también observó que la falta de preparación de las instituciones fue evidente, destacando la ausencia de medidores públicos que pudieron haber prevenido las muertes durante el desastre.

El abogado de SOS Desaparecidos, Juan Manuel Medina, aseguró que su enfoque en esta acción judicial es completamente imparcial y que no se deja influir por consideraciones políticas, independientemente de quién esté al mando en las distintas administraciones. La asociación está comprometida a trabajar de manera gratuita para que no suponga un costo para las víctimas.

Durante el evento, representantes de las familias de las víctimas expresaron su deseo de que justicia se haga, con Rosa Álvarez, quien perdió a su padre, insistiendo en que continuarán exigiendo responsabilidades por lo que describe como "homicidios imprudentes". Asimismo, Encarna Martínez, que perdió a su hermano, pidió abiertamente la dimisión de Mazón, sugiriendo que debería pedir perdón por la tragedia que afectó a tantas familias.