La reciente exposición del exministro José Luis Ábalos ante el Tribunal Supremo ha revivido las controversias en torno a su gestión y patrimonio. En un contrainforme presentado a la alta corte, Ábalos señala que la investigación que se desarrolla en su contra parece configurarse como una especie de cacería, intentando rastrear acciones y decisiones de hace más de tres décadas, lo que califica como un esfuerzo desmesurado de sus detractores.

En su documento, que ha sido conocido por Europa Press, Ábalos critica a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, argumentando que su análisis sobre su patrimonio no es más que un informe interesado y erróneo. El exministro se propone desmentir las acusaciones vertidas en el documento del 17 de marzo de este año, aludiendo a una serie de elementos patrimoniales que, según él, han sido malinterpretados o utilizados en su contra de manera malintencionada.

Uno de los puntos centrales de su defensa se refiere a la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), señalando que la UCO incurre en un error grave al clasificarla como una sociedad. Ábalos, cuyo nombre figura entre los fundadores y líderes de esta entidad, sostiene que su naturaleza de fundación excluye cualquier posibilidad de establecer vínculos de intereses comerciales. Asegura que los fundadores realizaron aportaciones sin esperar retorno alguno, lo que deslegitima las interpretaciones fiscales cuestionadas por el informe de la UCO.

El exministro también se defiende de las insinuaciones que rodean la labor de la fundación, aclarando que nunca recibió compensación económica de esta y que, de hecho, ha hecho aportaciones personales y bienes a la misma. Su crítica se extiende a la insinuación de que los lazos que mantiene con Fiadelso son indicativos de irregularidades o intereses ocultos.

Referente a la propiedad de terrenos en Perú, Ábalos establece que la Fundación pretendía desarrollarlos, pero su falta de personalidad jurídica en el país llevó a que la propiedad legal fuera compartida. Sin embargo, apunta que hay constancia de que la municipalidad reconoce dichos terrenos como de la fundación, refutando cualquier alegación de actividades fraudulentas en torno a estos bienes.

El exministro también se pronuncia sobre las acusaciones relacionadas con una propiedad en Colombia. Afirma que las deducciones de la UCO respecto a un inmueble en construcción son erróneas, apuntando a que adquirió el terreno sin edificación y que lo vendió en ese mismo estado muchos años después, argumentando que se ha ofrecido una versión distorsionada que carece de sustento.

Ábalos no escatima en críticas hacia el procedimiento de la UCO, asegurando que su enfoque es sesgado y que la investigación se basa en una premisa de culpabilidad predeterminada. Se pregunta sobre la responsabilidad que la justicia tiene en la veracidad de las informaciones que recibe y expresa preocupación por las implicaciones que esto puede tener en su defensa y en la justicia en general.

En su defensa, el exministro desglosa su patrimonio, destacando que posee una vivienda en Valencia desde la disolución de su matrimonio en 1992 y que sus vínculos con otros inmuebles están relacionados con relaciones amistosas pero no comerciales. Esto incluye propiedades adquiridas en el pasado con diferentes socios, aclarando que nunca se trató de asociaciones o sociedades en el sentido jurídico vilipendiado por la UCO.

Ábalos proporciona detalles sobre la situación de varios locales e inmuebles, desmintiendo afirmaciones de sus peritos sobre inquilinos o propiedades que no corresponden con la realidad, argumentando que se ha manipulado la información para crear una imagen de irregularidad donde no la hay.

Con cada alegato, el exministro refuerza su postura de que se halla en una situación de desprotección frente a lo que considera un ataque sistemático, cuestionando la imparcialidad de la UCO y planteando un panorama complejo en el que la verdad de su patrimonio parece eclipsada por la investigación que enfrenta.